Sobre el contenido y los diversos comentarios aparecidos en una columna del diario Gestión (http://blogs.gestion.pe/hoysiatiendoprovincias/2013/06/sufre-peruano-sufre.html) sobre la Variante de Uchumayo – VdU, me permito echar un poco de leña al fuego, indicando que no hay debate alguno sobre la urgente atención que merece todo esfuerzo por devolverle a la ciudad de Arequipa una vía de ingreso decente y eficiente. No hay oposición a la obra como tal, pero sí, tal vez, al tipo de obra y a la forma cómo se la pretende ejecutar. Las cuestiones de fondo y de forma son dos aspectos totalmente distintos y no pueden meterse en un mismo saco. Aquí la cuestión de fondo parece ser que toca un tema de transparencia y sentido común; pues la intervención de la VdU se refiere a una obra pública y, como tal, debe ser manejada justamente como eso, como una obra pública, y no como una obra semipública, semiprivada o privada. Incluso, bajo el supuesto que esta sea ejecutada bajo la modalidad de una asociación público-privada (que lamentablemente no es el caso) o bajo el régimen de “obras por impuestos”, se seguirá tratando de una obra pública; sobre la cual el público (la ciudadanía) tiene pleno derecho al más completo y cabal conocimiento, con la suprema finalidad de asegurar el buen destino del tesoro público, al cual contribuimos mediante nuestros impuestos.
Por si acaso, no es fácil criticar las obras públicas con sustento técnico y científico, ni mucho menos lograr que los tomadores de decisión presten oídos a las observaciones y sugerencias de los que más saben sobre el tema; por lo que surge como poco pertinente el llamar “detractores” u “opositores al progreso” a quienes ofrecemos razonamientos técnicos para señalar deficiencias en aquellas obras que, se supone, no deberían acusarlas, por su misma condición de obras públicas (pensadas y financiadas con dinero público); aunque se debe reconocer que no hay obra -ni crimen- perfecto, pues pareciera que lo perfecto sigue siendo enemigo de lo bueno en un país donde el caballazo sigue teniendo por jinetes la mediocridad y la prepotencia.
Las cifras expresadas sobre la realidad del pretendido proyecto son más que evidentes y es claro que respondería al simplón principio ingenieril del “predecir y proveer”, dejando de lado, por ejemplo, el concepto de la gestión del tráfico, algo que en el Perú (y sobre todo en Arequipa) aún estamos en pañales y que bien podría ayudar a reducir, hasta en un 30%, los problemas de movilidad y accesibilidad con una mínima inversión y un máximo retorno. Pero, como se trata de inversiones que no se traducen en muy visibles mastodontes de concreto, acero y asfalto, no son del interés de quienes prefieren otras formas de rédito político.
El calamitoso y deplorable estado en que hoy se encuentra la VdU es producto de una extraña (no tan extraña) mezcla de negligencia político-administrativa y de indiferencia colectiva que hemos heredado y que no podemos seguir tolerando y avalando con una pasividad colectiva que ya linda con la auto humillación y la devaluación de nuestra esencia ciudadana. Ya es hora de erradicar pensamientos equivocados y frases tristemente célebres como “roba, pero hace obra” y “sufre peruano sufre”, que lo único que pretenden es justificar inconductas funcionales de quienes deben dar buen ejemplo de cómo ofrecer una obra pública con la máxima calidad y transparencia posibles, tanto por el bien de la comunidad y de la ciudad, como por el propio prestigio (tan venido a menos) de la institucionalidad de los entes públicos.
Tratándose, la reconstrucción de la VdU, de una urgencia impostergable, me animaría a ofrecer el beneficio de la duda, en tanto y en cuanto, el GRA demuestre estar en condiciones de romper mitos y tabúes sobre el tortuguismo y elefantismo que caracteriza al sector público nacional; haciendo de esta, una oportunidad de oro para devolver la confianza en un aparato público que haga gala de eficiencia, transparencia y apertura social, caminando sin tropiezos y con precisión relojera; pero, conociendo perfectamente cómo se desempeñan las entidades públicas y cómo se orquestan las obras públicas en el país, mucho me temo que no será así.
Silenciar (o menospreciar) la opinión técnica calificada es una de las poderosas razones por las cuales la factura y calidad de gran parte de la obra pública en este país anda por los suelos; con costos que no guardan equilibrio con los atributos esenciales del producto mismo (gato por liebre, que le dicen) y con razones que no guardan equilibrio con el sentido común (elefantes blancos, que les dicen). Mientras así ocurra, no nos sorprenda asistir a más inauguraciones de un Monumento al Juanete o al Forúnculo. Mientras la gran mayoría de autoridades sólo sepan medir progreso y modernidad con más cemento, asfalto y policarbonato, pero andemos con bibliotecas públicas desiertas y vacías; y, mientras fijemos la mirada en las astronómicas cifras del crecimiento económico, sin ver las microscópicas cifras del desarrollo social y ambiental, seguiremos engatusados, alegres y contentos, jugando con pompas de jabón.