La información oficial del gobierno dice que el proyecto Tía María finalmente obtuvo la “licencia social” que requería tras cumplirse las audiencias públicas obligatorias en las que se expuso el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Tía María; pero 3 heridos y varias personas en huelga de hambre, además de los enfrentamientos con la policía con cientos de personas, lo contradicen.
En un discurso triunfalista, el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur, señaló que ahora los pobladores pueden formular preguntas u observaciones al EIA durante los próximos días, pero que la realización de la audiencia significa “un gran paso adelante” en la concreción de la inversión minera por parte de la empresa Southern.
Según testimonios de personas que estuvieron en la zona, los cerca de 2 mil policías que resguardaron la zona impidieron el paso de un grupo de pobladores que quería participar en la reunión del jueves, pues el local ya estaba lleno.
El dirigente Pepe Julio Gutiérrez, presidente del frente amplio de defensa del Valle de Tambo, aseguró que desde muy temprano se permitió el acceso de gente que llegó de otras localidades, en buses, presuntamente traídas por la empresa minera, «por eso no se dejó ingresar a la gente del valle porque ya el aforo estaba copado”, dijo.
El dirigente señaló que, además de los heridos con rotura de cabeza y clavícula, otras 3 personas fueron detenidas por los custodios. Anunció que las protestas no se detendrán.
Durante la audiencia los expositores fueron Abel Díaz, Maritza León y Rufo Paredes, representantes del Minem, junto a José Vargas y Darío Oviedo, ejecutivos de la minera, y César Rodríguez, representante de Geoservices, empresa que elaboró el EIA.
Rodríguez admitió que el proyecto tendrá un impacto en la flora y fauna: la explotación a tajo abierto modificará el paisaje y la calidad del aire. Sin embargo, señala que el área directa afectada no supera los 500 metros a la redonda y el área indirecta 1.5 km. El centro poblado más cercano es El Fiscal y está a 2.5 km.
Por su parte, el presidente regional, Juan Manuel Guillén propuso que el 100 por ciento del canon minero que genere el proyecto sea entregado a la provincia de Islay; lo que fue inmediatamente rechazado por varios analistas y políticos.