Como destaca el diario Correo en su edición de hoy, durante la reunión entre consejeros regionales y congresistas, llevada a cabo ayer con el fin de analizar la problemática de las invasiones, el presidente regional, Juan Manuel Guillén, dijo que no ordenará desalojo de gente por los costos vitales que esto podría acarrear. Y que si alguien lo va a hacer, será su sucesor.
Se refería concretamente a su negativa a desalojar a los invasores del Parque Industrial de Río Seco, a pesar de tener a su favor una orden judicial. Estos terrenos están en posesión de un grupo liderado por Felipe Domínguez que utilizan los predios como vivienda y no con fines industriales, como estaba previsto.
Su declaración produjo sorpresa y algunas reacciones. El congresista Juan Carlos Eguren dijo al respecto que las invasiones no son un tema político ni social, sino un delito y como tal hay que combatirlo y sancionarlo. Agregó que esto se trata de mafias y delincuentes.
El nacionalista Justiniano Apaza, en cambio, se mostró comprensivo calificando las declaraciones de Guillén como “eclécticas”. “Guillén dice que hay una orden de desalojo y que él no la va a aplicar, porque sabe que a punta de cañones y fusiles no se puede hacer justicia y será otro quien venga. Esa franqueza es rescatable”, dijo.
Agregó que la Policía y el Ministerio Público deben ser más severos y que, en general, hace falta decisión política para tomar el toro por las astas” para enfrentar el problema. Pero no dijo quién debería tomar el toro por las astas, en este caso.
Gustavo Rondón, que moderó la mesa de trabajo, manifestó su desacuerdo con la postura de Guillén, pero no fue específico y habló veladamente: “Ustedes han visto quiénes son los que quieren luchar contra ese flagelo y quiénes se están aprovechando del momento”, dijo.
El consejero regional, Henry Ibañez, fue el que preguntó directamente a Guillén por qué el GRA no hace cumplir la orden judicial de desalojo contra los invasores del Parque Industrial de Río Seco, a lo que el presidente respondió que se está llegando a acuerdos con los posesionarios para venderles los terrenos.
Por su parte el jefe de la Unidad de Prevención de Conflictos del GRA, Berly Gonzáles, dijo que para adjudicar terrenos se necesita el Plan de Desarrollo Metropolitano que debe elaborar la Municipalidad Provincial y que, de las 57 asociaciones acreditadas en la Autopista La Joya donde se produjeron 13 invasiones, no se les adjudicará terrenos a ninguna, sino a las familias necesitadas que se han empadronado que superan el número de 16 mil.
Nadie quiere ponerle el cascabel al gato.