Se trata del grupo de invasores que intenta –a toda costa- tomar posesión de terrenos que pertenecen a la concesión de explotación que tiene la empresa cementera, pero que ellos quieren usar como vivienda.
Dos explosiones ocurridas cerca a las 4 de la mañana del martes, derribaron unos 100 metros del cerco de concreto que colocó la empresa, según denunciaron los afectados a la Policía. La Unidad de Desactivación de Explosivos encontró restos de material fulminante y cartuchos
De otro lado, esta semana se conoció que ya existe un mecanismo legal para combatir las invasiones. Ejemplo de ello es una resolución judicial que ordena el desalojo de unos dos mil invasores que se posesionaron de terrenos privados en Chiguata. La medida, que es inédita en este tipo de casos, se ampara el art. 311 del Código Procesal Penal que rige desde agosto pasado y permite al dueño legítimo de un predio usurpado solicitar al Poder Judicial el retiro de los invasores durante la investigación preliminar.
Gino Valdivia Sorrentino, titular del juzgado de Mariano Melgar, emitió una primera resolución ordenando el desalojo de los invasores del terreno denominado «Pampas de Linares», de propiedad de la familia Sáenz Chávez. Ellos estuvieron liderados por Eugenio Tito Zavalaga.
Hecha la denuncia, el juez ha ordenado el desalojo del predio el pasado 20 de enero, medida que no se ha ejecutado aún por las vacaciones judiciales que terminan esta semana. La cuenta regresiva ha comenzado.