Como se sabe, el consorcio GR Arquitectos, conformado por la empresa García de los Reyes – Arquitectos Asociados SLP y la empresa GR Arquitectos Perú SAC, obtuvo la buena pro para elaborar, en paquete, el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT) y el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) de Arequipa, hecho consumado mediante acto público, en febrero de 2012, donde sólo se presentó un postor, el mismo que a la postre fue declarado ganador. Curioso hecho, pues el espíritu de una convocatoria de esta naturaleza era la de comparar diversas propuestas y opciones para, de entre ellas, elegir la mejor y la más conveniente; sin embargo, no ocurrió tal cosa. Un súbito golpe de buena suerte conjuró la posible presencia de otros postores -locales e internacionales-, por lo que jamás se concretó la idea de comparar virtudes y dignidades para escoger y encomendar un trabajo de tanta responsabilidad e importancia para el futuro de la provincia y su ciudad capital. Quizás, lo correcto hubiera sido inundar de propaganda los diversos medios locales -e incluso un viaje internacional- para invitar a más colegas y especialistas; tal cual ocurre cada vez que la MPA quiere difundir algo que le interesa mucho (véase, pues, los incansables viajes y gastos de propaganda con la imagen del alcalde y los colores de su agrupación). Mucho menos el Colegio de Arquitectos del Perú recibió invitación alguna para que esta organice un concurso para seleccionar una terna de posibles equipos profesionales para llevar adelante tan importante cometido. Se prefirió “organizar” un acto público bajo la extraña y poco comprensible denominación de “Contratación de Servicios de Consultoría para la Elaboración del Mejoramiento y Desarrollo de Capacidades Institucionales para el Ordenamiento Territorial en la Provincia de Arequipa – Arequipa (Plan de Acondicionamiento Territorial y Plan de Desarrollo Metropolitano)” [sic], de cuyo longo título se desprende que, en principio, se buscaba contratar un consultor para mejorar y desarrollar la capacidad institucional de la MPA que, a su vez, le permita ordenar su territorio jurisdiccional. Curiosamente, en la fecha de esta buena pro (inicios de 2012), tanto el Plan de Desarrollo de Arequipa Metropolitana 2002-2015 (PDAM) y el Plan Estratégico de Arequipa Metropolitana 2002-2015 (PEAM) se encontraban plenamente vigentes. Se supone que entrarían en caducidad técnica y legal, recién en 2015, una vez concluida y terminada la actual gestión municipal; es decir, y mal que bien, la actual gestión tenía un documento válido de gestión del ordenamiento territorial del Área Metropolitana de Arequipa (ARE-MET). Aun así, la actual gestión tomó la decisión política de adelantar la caducidad del PDAM y del PEAM, para evitar que la siguiente gestión se topara con un documento caduco, un bello gesto que no se condice con la sistemática discontinuidad de obras y de políticas urbanas de la gestión anterior. Lo curioso es que ni el PDM ni el PAT, por si solos, permiten cumplir con el objetivo de la convocatoria, en lo que a capacidad institucional se refiere, pues el desarrollo y mejoramiento de dicha capacidad no se limita a contar con dichos documentos normativos; sino que involucra una serie de aspectos complementarios adicionales que van desde la profesionalización de la administración pública hasta la reorganización institucional propiamente dicha. Peor aun cuando se observa que el Organigrama de la MPA –recientemente modificado- no refleja ningún mejoramiento de su capacidad planificadora, ofreciendo un fragmentado esquema donde, por citar algo, la Oficina de Estudios y Proyectos es una Subgerencia sin vínculo directo con la Gerencia de Planificación y Presupuesto y ninguna de las dos con el nuevo y misterioso Instituto Municipal de Planeamiento, tal vez en reemplazo hepático de aquel que instauró la gestión anterior.
Producto de la presión mediática de un grupo de ciudadanos identificados con el quehacer urbano ambiental y en vista de las múltiples deficiencias que incurrían las propuestas del PDM y del PAT, se logró un acuerdo para que un equipo multidisciplinar, liderado por el CAP-CRA realizara un estudio de ambos planes y que culminó con un amplio listado de observaciones y sugerencias que, en lo grueso, discrepan abiertamente con la calidad y viabilidad de dichos planes; sobre todo en cuanto a tres aspectos fundamentales: a) usos de suelo, b) áreas verdes y, c) transporte y vialidad. Es con respecto a estos temas donde surge una concurrencia de oposiciones por tratarse de una propuesta que lejos de apuntar hacia un modelo de ciudad compacta y eficiente, promueve su expansión urbana, tomando para sí suelos blandos de actual uso agrario, ante lo cual y muy alegremente se ha deslizado -a través de diferentes notas de prensa-, que de las originales 800 has previstas para cambio de uso, hoy tan solo serían 450. Cómo se pueden cambiar cifras con tanta facilidad? Acaso las demás cifras también podrían cambiar con la misma sumisión?
Es evidente que la actividad agrícola deja números en rojo, pero también habría que preguntarse a quien le conviene que las cifras de las verdes campiñas arrojen valores enrojecidos. Nadie parece enrojecerse cuando preguntamos cuánto dinero del canon que reciben las municipalidades terminan invertidos en programas y proyectos que ayuden a fortalecer el agro. Se lavan las manos señalando al MINAGRO, pero son primeros en meter mano para urbanizar y permitir urbanizaciones clandestinas e irregulares. Como no, si detrás hay jugosos dividendos que no recibirían si se mantendrían como suelos verdes.
La negativa del consorcio en responder cara a cara al CAP-CRA demuestra, más allá de un exagerado signo de arrogancia y petulancia, una evidente incomodidad e intolerancia al debate técnico. La laxitud en levantar todas y cada una de las observaciones formuladas a los aludidos planes puede deberse a temas contractuales, pero no están por encima de los intereses ciudadanos que buscan proteger al máximo, la integridad de aquellos espacios vitales que conforman el grueso del sistema urbano de grandes áreas verdes y espacios abiertos y de los cuales depende la calidad y sostenibilidad ambiental de la metrópoli. Tal parece y al humor de los intereses de los tomadores de decisión, ambos planes serán aprobados por encima de cualquier cuestionamiento, apañando un trabajo cuya modalidad de desarrollo -a control remoto- ha dejado muchas dudas y vacíos que abrirán puertas a serios problemas que la nueva gestión municipal heredaría. Una camisa de fuerza en tela de juicio que dejará un paisaje urbano cada vez más gris y más pétreo; sin duda más moderno y más lucrativo, pero a costa de enrojecidos campos verdes.