
Violando el principio republicano de separación del poder eclesiástico del poder del Estado, una vez más, el arzobispo de Arequipa se ha permitido opinar sobre un asunto jurídico, y no a título personal sino como representante de la Iglesia. Y lo ha hecho para oponerse a la aprobación del Protocolo o Guía para la interrupción del embarazo, para cuando se produzcan los presupuestos contenidos en el artículo 119 del Código Penal, es decir cuando en opinión médica —y no de la gestante— el alumbramiento pueda producir su muerte o una enfermedad grave o permanente.
Hace 90 años que ya ha sido admitida dicha interrupción (mal llamada “aborto”, ya que no se trata de un delito) pero no se cumplía, con el pretexto de que no había Protocolo, pretexto que ponían las malas instituciones de salud, anteponiendo sus dogmas religiosos al derecho a la vida de las mujeres que se encontraban en esa situación, especialmente de las mujeres pobres, empujándolas a las manos criminalmente irresponsables de los abortistas clandestinos. ¿Cuantos miles de mujeres han muerto estos 90 años por falta de esa esa “guía para la muerte” como la llama el fujimorezco cardenal Cipriani?
¿Y cómo engañan a miles de peruanos, aprovechando su bajo nivel educativo, la ignorancia de sus derechos y la manipulación ideológica que ejercen desde que Pizarro entro a Cajamarca estos auto denominados “defensores de la vida”?
Por razones de espacio, solo voy a dar un ejemplo…por ahora. Se trata de un problema donde no hay solución “buena”: o muere la gestante o muere el feto. Porque si se puede salvar a los dos no habría problema, ni discusión alguna. Pero este no es el punto. No se trata del caso donde se pueden salvar a los dos, sino precisamente el caso donde eso no es posible. Este es el punto. ¿La Iglesia puede garantizar que esa situación nunca se producirá? Y si se produce ¿qué haría un eclesiástico si se tratara de su hermana o de un ser querido femenino? ¿Salvar al feto de 22 semanas aunque nazca huérfano de nacimiento junto a sus posibles hermanos? ¿y que se muera la gestante?
Eso le preguntó una estudiante de derecho de la UNSA al arzobispo hace algún tiempo en el Paraninfo de dicha universidad. ¿Y qué creen que respondió y responderá siempre? : “hay que salvar a los dos”. El célebre Manuel Atienza, director de la Maestría de argumentación jurídica de la Universidad de Alicante le llama a eso “falacia de la pendiente resbaladiza” y en el Perú pendejada o viveza criolla. Se trata de ocultar el tema específico de discusión y reemplazarlo por otro para ganar por la vía del fraude. “El aborto siempre será un asesinato” dicen ellos, que saben más que el legislador, los profesores de derecho y la OMS, aunque no se trata del aborto en general (que no existe) si no de un caso específico de interrupción legal del embarazo: “el aborto” terapéutico. Lo que es asesinato, sin embargo, no lo decide la Iglesia, ni el cardenal fundamentalista, ni la comisión episcopal, ni el arzobispo, sino el Código Penal.
Si se salva la vida del feto (que los fanáticos llaman “niño”) que es la vergonzante propuesta de la Iglesia, aunque no lo diga con la franqueza debida, entonces la madre morirá. A eso le llaman “defender la vida”. Si la madre se salva morirá el feto, si no tiene más de 22 semanas. Hay una colisión de derechos y ninguna solución linda. Gestante y feto tienen igual derecho a la vida, nadie lo niega. El derecho penal le llama “estado de necesidad” (ex culpante o justificante). Pero ningún cardenal o arzobispo puede obligar a la gestante a morir (que es lo que postula tácitamente la Iglesia) porque ella y sólo ella puede decidirlo, pues, como todo ser humano, también tiene derecho a la vida y a la salud, igual que el feto.
El Protocolo no es una norma jurídica sino una guía de reglas de técnica médica que deben aplicarse antes, durante y después de la operación, para ser posible el cumplimiento del artículo 119 del Código Penal ¿cómo podría ser inconstitucional?. Y si el art. 119 del Código Penal es inconstitucional, como sostiene Del Rio ¿por qué no demanda su inconstitucionalidad? Y si le preocupa la buena información de la gente ¿aceptaría una discusión pública con un profesor de derecho ya que tanto funge de jurista y médico? Estoy para servirlo señor Del Rio. Y aproveche que no soy de la especialidad. Le dejo mi correo (eleuterio49@yahoo.es).