Lucho Bustamante –con ese tono afectuoso lo llamaba el ex candidato presidencial por FREDEMO en las elecciones del Perú de 1990– hombre ponderado, presidió el equipo que diseñó el plan de gobierno que buscaba crear una sociedad en la que todos vivirían protegidos por la ley; un plan lleno de ideas, animado por la decisión de aprovechar todas las oportunidades de nuestro tiempo para que los peruanos pobres y pobrísimos pudieran alcanzar una vida decente. Así se expresaba Mario Vargas Llosa, en sus célebres memorias reunidas en El pez en el agua, del principal artífice del plan de gobierno que regiría, de ser elegida la alternativa liberal en las elecciones de entonces, los destinos del país por senderos de mayor justicia y bienestar individual.
Recientemente, luego de aprobarse la Guía para la interrupción voluntaria del embarazo en el Perú, la que haría efectiva una norma ya existente hace 90 años que facultaba al cuerpo médico a ejecutar dicha interrupción para evitar poner en riesgo la vida de la gestante, y que por lo tanto, atendía un reclamo de legalidad y Estado de derecho; un grupo de representantes de distintas iglesias, entre ellas la católica, la evangélica y la ortodoxa en coalición con los partidos políticos tradicionales, rancios en sus posturas e ideologías; y otros, novatos de despreciable cortedad y entrenados en la vieja escuela del cliché y la fanfarronada, firmaron un documento al que llamaron con astucia demagógica “Compromiso por el Perú” por el que suscribían, entre otros acuerdos, defender la vida humana desde su concepción hasta la muerte y promover los valores del matrimonio y la familia.
Sin lugar a dudas, dicho compromiso se firmó como respuesta a la norma aprobada por el Gobierno, la misma que busca establecer un protocolo de atención médica para, cuando la ocasión lo merezca, salvar la vida de la mujer o evitar serios daños a su salud de manera permanente, producto de su estado de gestación. En el Perú, la fuerte resistencia del poder político afín a la doctrina de la iglesia católica, la de mayor presencia entre la población, y albergada en el seno de un conservadurismo intransigente de sus elites, había trabado durante largo tiempo la aprobación de una medida como ésta por considerarla inmoral y ajena al sentido de humanidad. Lo cierto es que al respecto, la legislación restrictiva incentivó que la tasa de aborto inducido e inseguro fuera en el país una de las más elevadas en la región y, como se sabe, esta práctica llevada a cabo en la absoluta clandestinidad y en las condiciones más insalubres y peligrosas es, en realidad, un verdadero atentado a la vida de las mujeres, siendo las más vulnerables quienes carecen de los medios necesarios para una intervención médica decente y, por lo tanto, humana.
En cuanto a la protección del matrimonio y la familia, uno de los acuerdos expresados en este panfleto doctrinario, nació de la necesidad de contrarrestar un proyecto de ley valientemente propuesto por el congresista Carlos Bruce, quien hace poco declaró públicamente su homosexualidad, que contemplaba consentir legalmente la unión civil entre personas del mismo sexo, abrazando todos los derechos patrimoniales, asistenciales y los propios de una familia generados de dicha unión. Hasta el momento tal iniciativa, a diferencia del protocolo de atención para la interrupción del embarazo, padece la revisión displicente del Congreso sin ser sometida a debate en el pleno y, lo que es peor, se conoce que ya ha sufrido algunas modificaciones propiciadas por congresistas vociferantes e ideologizados, como la fujimorista Martha Chávez, que en su intento por impedir su aprobación tal y como fue presentada originalmente, han cuidado que la unión civil entre homosexuales no sea reconocida constitucionalmente como familia ni que, entre los que se unan bajo esta figura, tengan opción al cambio de estado civil; todo esto motivado por una homofobia palmaria y en desmedro de la mirada igualitaria de la ley hacia los ciudadanos.
La firma de este documento, rebosante de sectarismo –ocurrida insólitamente en las instalaciones de la Biblioteca Nacional que, como toda biblioteca, más bien debiera ser el centro de donde restallan las ideas y se exalta el saber en su diversidad– se realizó bajo la mascarada del “rescate de valores” por la que este grupo de iluminados viene alertando a la ciudadanía sobre la deformación de la sociedad por iniciativas legales como las mencionadas, que socavan la naturaleza del ser humano y vuelven conflictiva a la comunidad. Valores que, a todas luces, no tienen nada que ver con la paz o el humanismo del que dicen ser portadores; sino, todo lo contrario, con el resquebrajamiento de la legalidad, la vulneración de los derechos humanos y el detrimento de la dignidad de la persona. Así como en los regímenes estatistas se utiliza la palabra “social” para justificar su intervencionismo colectivizándolo todo, desde el aparato productivo hasta la prensa, los protagonistas de esta oscura ceremonia esconden bajo la fachada de “los valores” –sus valores, por cierto– el apetito mordaz de dirigir los destinos individuales transformando el ejercicio de la ciudadanía en una infértil práctica de servidumbre a los dogmatismos.
El liberalismo que defiendo y al que me siento muy cercano es el liberalismo que, ante todo, reúne fuerzas contra aquello que limita la capacidad para elegir, principalmente en la esfera íntima, prístino reducto de la libertad; y elegir ser libre implica asumir la mayor de las responsabilidades, porque es uno quien, dentro de un Estado de derecho, acepta las consecuencias de sus logros y fracasos, señal irrefutable de madurez ciudadana. Y actuar contra lo que restringe esa libertad de elección significa actuar contra las doctrinas que intentan encauzar la vida de las personas hacia lugares de sometimiento como al dogmatismo religioso o al nacionalismo, de donde derivan fanatismos dramáticos. No es la religión la enemiga del liberalismo al que acudo –demás está mencionar la importancia de ésta en la sociedad como soporte espiritual de la gente para definir sus acciones–. Es la indistinción entre política y religión lo que pervierte el sentido de lo público cuando las políticas de Estado se ven orientadas, promovidas o influenciadas por preceptos religiosos que, como sabemos, son necesariamente excluyentes para quien no los comparte; e históricamente, contra esta simbiosis nefasta, ha luchado el liberalismo.
La noche que se suscribió el denominado “Compromiso por el Perú” entre varias agrupaciones políticas, a través de sus líderes y representadas, la mayoría de ellas, en el Parlamento; y dirigentes de algunas iglesias, entre ellas la católica, de mayor feligresía en el país; se firmó también un pacto contra la autonomía y la dignidad de cada uno de los peruanos, porque el Estado, creación humana concebida desde la pluralidad de sus ciudadanos, estaba siendo arrinconado contra las cuerdas, presionado para que quienes operan en él, con ineficiencia y endeblez ética, puedan convertirlo en fuente de injusticia y opresión, rasgo incompatible con los fundamentos de una sociedad abierta.
Quien no podía faltar a este acto público era el arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, rostro más visible de la degradación cultural y religiosa en el Perú. Y si por cultura entendemos lo fecundado por la expresión variopinta de la creatividad humana, Cipriani encarna exactamente lo que Mario Vargas Llosa refirió de él, la representación de la Iglesia más reaccionaria, intolerante y fanática que hayamos padecido en los últimos tiempos; a lo que añado, un pícaro manipulador diestro en los gajes de la comunicación para hacer política ya no sólo desde el púlpito sino, también, desde sintonizados medios audiovisuales. Pero no fue su presencia la que despertó mi atención, sentado en primera fila junto a otras personalidades de la misma seña retrógrada, sino la de uno de los que intervinieron aquella noche, en la que un halo de bellaquería cruzó el auditorio de la Biblioteca Nacional. Luis Bustamante Belaunde (Lucho, como fue recordado por el escritor en sus memorias) tomaba la palabra, como Director de Ceremonia, para unirse a la comparsa inculta y cavernaria de aquellos contra los que alguna vez dirigió sus “ideas liberales”. Ahora era uno de ellos. Quizá siempre lo fue. ¡Cuánto derroche de travestismo ideológico, Lucho, para combinar muy bien el ropaje del liberal con los harapos del troglodita! ¿De cuánta ponderación tuviste que despojarte, Lucho, para sumarte a esta declaración de intolerancia y recordarnos que persistimos en ser un país incivilizado? ¿Dónde olvidaste las premisas de ese plan de gobierno liberal por el que todos viviríamos protegidos por la ley para vivir decentemente?
Es probable que Mario no exprese su decepción o haga meridiana su tristeza, y no lo diga nunca en público porque quizá existe, todavía, un hilo muy fino de sensible cercanía que, gracias a la nostalgia, resguarda y funcione a prueba del adormecimiento intelectual de algunos de sus antiguos compañeros de batalla. Sin embargo, ex directivo del Instituto del Ciudadano, me pregunto ¿Qué habrá pasado por la cabeza de Mario al verte en las noticias, elegante, como siempre, dando un solemne discurso en ese ensombrecido auditorio, frente a los enemigos de la libertad?
De un arequipeño a otro, Lucho, si Mario –otro arequipeño–, no lo dice nunca, con humildad espero, al menos, que puedas sentir el cosquilleo de mi acusación, si alguna vez te llegase: Gran caradura y cachafaz nos resultaste.
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