La legitimidad del voto blanco o nulo es una antigua discusión y, salvó posturas interesadas que en verdad representan el statuo quo, hay consenso en que no sólo se trata de una opción legítima, legal y coherente, sino también efectiva. Según contempla la ley, de registrarse un 30% de votos viciados o nulos en una elección, ésta debe anularse y convocarse a nuevas elecciones.
Ante la percepción de los intereses que representan los candidatos que pasaron a una segunda vuelta en la elección regional (acuerdo con mineras y continuismo), es válido el voto nulo y el blanco aunque este último no tiene efectos concretos. Si de responsabilidad cívica se trata, ¿es responsable votar siempre por el mal menor?