La presente podría ser una jornada más, intrascendente como la mayoría de elecciones desde la resistencia antifujimorista, a fines de los noventa y en el año 2000, última vez que la ciudadanía se expresó en las calles y en contra de los organismos electorales al servicio de un sistema corrupto que requería ser defenestrado.
Ese movimiento ciudadano inconcluso no ha tenido correlato en la clase política, prácticamente extinguida y cómplice o promotora del surgimiento de una suerte de mafias que se han instalado en el poder de distintos ámbitos, con el único fin de saquear los recursos estatales. Eso se ha evidenciado en los sucesivos escándalos de corrupción en los gobiernos que se sucedieron.
Las elecciones presidenciales, desde Alejandro Toledo a la fecha, se han convertido en verdaderas estafas al elector, pues todos los presidentes hicieron en el gobierno exactamente lo contrario de lo que habían ofrecido en campaña, sin que sus votantes pudieran pedir cuentas o sancionarlos de algún modo por esta flagrante burla.
Los gobiernos regionales, cuya elección es la jornada que nos convoca hoy, han sido solo una expresión de esa farsa democrática y han anidado, en su interior, bandas completas y pillos disfrazados de gobernantes.
La desconfianza hacia todos los aspirantes a estos cargos tiene pues un fundamento. Y el alto índice de ausentismo, voto blanco o viciado, es una expresión de ese hartazgo, escepticismo y/o protesta legítima y saludable.
La democracia representativa que está vigente en el país no da para más y el movimiento ciudadano que comienza a rechazarla no solamente es legítimo, sino que representa una opción de alto contenido ético, aunque haya quienes –haciendo uso de su propio derecho- pretendan seguir alimentando este sistema supuestamente democrático y profundamente corrupto.
En ese sentido, desde aquí emitimos un voto de protesta contra la actuación de la máxima autoridad electoral en la jurisdicción que, a través de su presidenta, María Concha Garibay, ha intentado descalificar la opción del voto blanco o nulo, favoreciendo a los candidatos en contienda, cuando su función esencial es velar por el respeto de la voluntad popular.
Creemos que, gradualmente, el país debe evolucionar hacia un sistema democrático participativo, antes que representativo y el movimiento espontáneo que ha surgido en Arequipa, que aboga por un cambio radical y la no continuación de esta opereta democrática, apunta a ello, aunque tal vez de manera inconsciente.
Más allá del resultado práctico de manifestar este descontento en esta elección y de algunos actores que estén propugnando el voto viciado por intereses particulares, la expresión de esta conciencia es lo trascendente y tal vez sea lo único rescatable de esta elección, caracterizada como todas las recientes por el desánimo y la obligada elección “del mal menor”, como si legitimar con el voto el sistema político fuera ineludible o correcto, porque hacia allí apuntan los defensores del statuo quo y sus intereses económicos.
La necesidad de cambio es indiscutible y descreer del actual estado de cosas es el primer paso hacia la renovación del contrato social y del sistema de democracia representativa. Que esa conciencia se haga evidente, sería un hecho verdaderamente democrático en esta elección, más allá de porcentajes y discusiones menudas por este hecho. Así lo creemos.