Cuando, como ahora ocurre en el Perú, se discute sobre una nueva ley universitaria, esa discusión pareciera partir del supuesto equívoco que la promulgación de una ley es decisiva para resolver los diversos problemas sociales que sufrimos los peruanos (en este caso el problema universitario, que es, como el de toda la educación peruana, la baja calidad educativa) o por lo menos para favorecer significativamente las condiciones para ello. Este es el mérito de toda ley, buena o mala, genera la posibilidad de discusión y discusión es democracia y progreso. Se pueden esclarecer las cosas significativamente. Pero en la universidad regional no hay nada de discusión académica o intelectual, que se sepa. ¿Habrá ahora la suficiente de la noche a la mañana?
Volviendo a la ley, da la impresión que, para ambos lados de la discusión, no hay nada más importante para resolver el problema de la universidad, que una nueva Ley Universitaria. Tal vez por eso los participantes en esta discusión, se enfrascaron en ella con un ímpetu y una fuerza que ya la hubiéramos querido expresada en acciones concretas, directas y eficaces en pro de dicha calidad: una buena revista, una idea propia, un buen libro propio, aunque sea una vez en la vida. Pero ese no parece ser el caso.
Incluso los que están en contra de esa ley específica (la llamaba «Ley Mora» en este caso) no sólo no niegan sino que suscriben tácitamente la importancia decisiva de las leyes en la solución de los problemas, aunque lo hagan negativamente, en contra de la ley, ya sea por razones como la pérdida de la «autonomía universitaria», anunciando y denunciando el peligro de excesiva injerencia del Estado en la educación; o porque los toca en sus intereses particulares, como ocurre con los miembros de la ANR y las camarillas que dominan las universidades de un tiempo a esta parte. Y no para mejorar su calidad precisamente.
Estos últimos, los directivos de la ANR por ejemplo, no se oponen a esa Ley porque compartan con nosotros la convicción que leyes o Constituciones no cambian la realidad milagrosamente por sí solas, que es una superstición muy arraigada en el subconsciente colectivo en nuestros países, «herencia secularizada de la teología virreinal», decía Octavio Paz en uno sus últimos artículos («El Alba de la Libertad») sino porque los afecta directamente en sus intereses. Lo que no significa que sus temores con respecto a esa ley sean infundados. Pero no ponen, no pueden poner en cuestión la importancia real de la leyes como forma de solución de los problemas sociales peruanos, pues en ello se les va la vida (o el poder, que parece lo mismo en este caso) solo que no quieren esa Ley específica, nada más.
Eso explica porque dichos oponentes, a pesar de no haber hecho mucho que digamos por la calidad de la educación universitaria hasta este momento, para decirlo suavemente, sin embargo ahora luchan con garras y dientes contra esa ley, con un fervor y una pasión digna de mejor causa. Esa mejor causa es, una vez más, la calidad educativa de las universidades, especialmente en las regiones: un mínimo de calidad que no tiene actualmente la mayoría de ellas, por no decir todas. ¿De qué puede servir todo lo que se haga sino se piensa en mejorar la calidad directa e inmediatamente? ¿de qué sirve que la maestría dure 1 año y no dos y el doctorado tres? ¿cómo afectará eso la calidad? Porque la principal misión del Estado es velar por esa calidad en las universidades y demás instituciones educativas y se supone también una finalidad de la ANR con respecto a las universidades, sino ¿para qué estan? ¿Por qué no rinden cuentas de ese incumplimiento entonces?
Ni que decir de los defensores oficiales de dicho proyecto, que al depositar todo su esfuerzo y sus cuitas en esa alternativa formal —la aprobación de una Ley— soslayan la discusión sobre las posibilidades reales que tiene ésta por sí sola para mejorar la calidad, y sobre todo una ley como esa, en el improbable caso de implementarse. Suele ocurrir que hasta una norma milagrosa se aplica mal, o no se aplica, en el Perú…y esta norma no lo parece tanto. Se carece del material humano que pueda hacerlo mínimamente bien y sin fraude de ninguna especie. Se soslaya, en suma, lo que hay que hacer por la calidad educativa además de dar una ley: este es el punto. Sobre todo desde un Estado ineficiente, elefantiásico, burocrático, corrupto, etc, y una sociedad de mentalidad mayoritariamente pre moderna con bajo nivel de calidad educativa y de conciencia política, inseparables por lo demás.
Pero los defensores oficiales y oficiosos tienen razón de sobra al reprochar a los oponentes (fervorosos y repentinos fanáticos de la «autonomía universitaria») lo que han hecho con ella, y su responsabilidad directa respecto de su calamitoso estado actua. ¿Para qué puede haber servido la citada «autonomía»‘ si la calidad educativa es mala con o sin ella? Se ha terminado por reducirla a pretexto y máscara para cubrir la ineficiencia y la corrupción, que hace rato se han instalado en el campus universitario peruano. Todo es poder. Decide la correlación de fuerzas, no el mérito personal del profesor.
El problema no es entonces si la «Ley Mora» va o no va, es buena o mala, sino, una vez más, la calidad educativa en general y la universitaria en particular, es decir, lo que podemos hacer directa e inmediatamente para afrontarla, con ley o sin ella, a partir del Estado o fuera de él, como se dijo. Y ese es el tema que debería interesarnos y ocuparnos. Salvo mejor parecer