Si de algo debiera servirnos la escandalosa forma de hacer negocios que ha quedado al descubierto en torno al caso Petrobras, sería para poner barbas en remojo con algunas de las empresas involucradas en estas malas prácticas y que, muy frescas y orondas, siguen su rutina empresarial como si nada hubiera ocurrido; incluso algunas de ellas a punto de lograr multimillonarios contratos con el Estado Peruano. Sorprendentemente, ni las primeras planas de los diarios de mayor reputación en todo el mundo, ni el mismo proceso de investigación y administración de justicia iniciado por el Ministerio Público de Brasil, parecen ser suficientes para que en el Perú se tomen medidas de cautela y prevención.
La indiferencia con la que el Estado Peruano viene “reaccionando” frente al caso Petrobras es, por decir lo menos, preocupante. El caso de Luis Favre parece ser clave para entender este complejo mecanismo de oscuras componendas. No en vano el affair Favre-Suplicy pintó de cuerpo entero a este personaje como artífice de una oscura magia propagandística que le reportó saltar al estrellato político-financiero. Curiosamente, esa oscura reputación pareciera ser motivo de su presencia en el Perú como asesor de campañas electorales fungiendo de bisagra entre candidatos locales y financistas extranjeros que, para variar, tenían al portugués como lengua materna.
La oscura relación entre constructoras brasileñas y la ejecución de importantes obras públicas ha sido brillantemente retratada en “Estranhas Catedrais: as empreiteiras brasileiras e a ditadura cívil-militar, 1964-1988”, obra del historiador Pedro Henrique Pedreira Campos quien, en una entrevista concedida a la periodista Carol Prado para La Folha de Sao Paulo, reitera algo que ya parece ser un axioma: si una constructora quiere ganar una obra pública, usará todos los métodos posibles para lograrlo, aún a costa de contaminar el frágil tejido orgánico del Estado. Dentro de ese esquema, “las empresas que más crecen son las que más saben corromper”, termina diciendo el joven historiador, quien agrega que los actuales gigantes brasileros del sector construcción iniciaron sus misteriosos y meteóricos ascensos durante la dictadura de Juscelino Kubischek; práctica que han sabido mantener en gobiernos democráticos posteriores, incluyendo varios países de América Latina y África.
Como se sabe, la relación de empresas constructoras vinculadas al caso Petrobras incluye, entre otras, a Queiroz Galvão, autora de la iniciativa privada cofinanciada para diseñar, instalar y operar un monorriel en Arequipa y que, gracias al incondicional apoyo del Estado Peruano, a través de ProInversión, será (de no mediar “inconvenientes”, es decir, si o si) la que se (auto) adjudique la buena pro de un proyecto que se ampara en la necesidad de resolver los problemas de accesibilidad y movilidad en Arequipa. La verdad de las tan mentadas bondades del proyecto queda en tela de juicio al observar cómo se hace lo imposible por intentar una muy forzada justificación del mismo. Recordemos que inicialmente el trazo del monorriel cubriría una extensión de 14 km de manera bidireccional y ahora, sorpresivamente, llegaría a 22,5 km con un trazo básicamente unidireccional (tipo loop o circuito) y que afectaría severamente algunos elementos patrimoniales del Centro Histórico como es el caso del Puente Grau. Además de ello, no se entiende cómo se puede justificar una inversión de más de mil millones de dólares en un componente que ahora aparece como secundario y complementario al Sistema Integrado de Transporte – SIT, que es en realidad la columna vertebral y base fundamental para estructurar el sistema de movimiento de toda la ciudad. No olvidemos que el presupuesto original del SIT apenas bordeaba los 170 millones de dólares, es decir, 6 veces menos que el monorriel. Aquí las preguntas caen de maduras. ¿Por qué invertir más de US$ 1,000 millones (equivalente a lo invertido en el Proyecto Majes-Siguas) en un componente secundario, si el componente principal apenas requiere US$ 170 millones? ¿Cuál es el interés de una empresa brasileña para aportar, graciosa y caritativamente, al desarrollo de la ciudad con US$ 700 millones? ¿Por qué ahora (y de manera inminente) el Estado Peruano si tiene interés en aportar US$ 300 millones en contrapartida, cuando en los últimos años no pudo aportar los US$ 170 millones para el SIT? No vamos a preguntar qué garantía puede ofrecer una empresa cuyo Presidente Ejecutivo y su Gerente General se encuentran presos por la justicia de su país al estar sindicados en el desvío de más de US$ 3,500 millones; porque, al parecer, a nadie le importa mucho hacer negocios poco claros con entidades envueltas en escándalos de corrupción a gran escala. Da la impresión que lo importante es hacer obra, sin preguntar de dónde viene el dinero y quién lo trae. Mucho menos interesa saber si la obra puede demostrar técnicamente su viabilidad, cuando de por medio hay una orden superior para que el proyecto se ejecute sin dudas ni murmuraciones, al más puro estilo castrense y sin opción al debate público de ideas, ni mucho menos a ejercer el derecho de defensa de los intereses de la ciudad. Peor aún, con una autoridad edil que solo atina a doblar la cerviz para ser parte del intríngulis. Así, cualquiera hace grandes obras y cosecha aplausos con yapa.