En la reunión previa al pronunciamiento emitido por autoridades y organizaciones de la sociedad civil que tuvo lugar el lunes por la tarde en el GRA, hubo dos posturas claras entre dos grupos. Uno, eminentemente pro minero, representado por los empresarios asistentes, que eran mayoría, y uno menos entusiasta con la religión neoliberal que tuvo que pugnar para moderar el documento, cuya redacción final incluyó el rechazo a elementos extraños a la región, en clara alusión al partido Tierra y Libertad, supuestamente infiltrado en la protesta.
La sensación es que la gobernadora, Yamila Osorio, neutral hasta entonces, se ha ladeado hacia esta institucionalidad, representada por los convocados. El rector de la Universidad Nacional de San Agustín no asistió a la cita, lo que hubiera aportado algún matiz en la percepción general del conflicto, ante lo que otras universidades se han ofrecido como sede para la exposición del EIA que hará el ministerio de Energía y Minas, con lo que el tema seguirá polarizándose.
La llegada de los ministros y su postura reiterada de solo «explicar» un estudio de impacto ambiental que ya ha sido aprobado y no admite revisión, también representa una cerrazón, tal como la de los antimineros que ya han rechazado toda posibilidad de sentarse a dialogar bajo este supuesto.
El conflicto, aparentemente, solo terminará con represión. Lástima.