Un perjuicio, hasta el momento de 95 millones de soles, provocó al erario regional la gestión de Juan Manuel Guillén, en el Gobierno Regional de Arequipa, según denunció la Asociación de Vigilancia contra la Corrupción de Arequipa (AVICCA).
La cifra se desprende de las denuncias hechas públicas, pero según el vocero de la asociación, Ricardo Burgos, el perjuicio total es mucho más abultado y no se conoce por falta de investigación de las instituciones encargadas del control y la fiscalización como la Contraloría y el Ministerio Público.
Una primera fuente de donde se desprenden las cifras, son los informes de Contraloría General de la República, referida a las adquisiciones para la obra Puente Chilina, la obra carretera Arequipa- La Joya y los contratos ilegales, algunos de los cuales han sido anulados por la presente administración.
En cinco carpetas de control hechas públicas por el ente contralor, se tiene:
Estas cantidades suman un total de S/. 60´823,091 (60 millones 823 mil 091 nuevos soles), perjuicio documentado por la Contraloría, en lo que se hizo público, habiendo otras denuncias que están en fase de investigación.
A ello hay que sumar las denuncias interpuestas por AVICCA en el año 2014 por los casos de dos transacciones extrajudiciales para la adquisición de terrenos en la obra Puente Chilina, alquiler de vehículos a allegados a autoridades del GRA, adquisición de gorros para promocionar el Puente Chilina, adquisición de máquinas de coser incumpliendo la normatividad para adquisiciones, así como gastos innecesarios para el Puente Chilina, todos los cuales han sido denunciados a la fiscalía, la procuraduría anticorrupción y la fiscalía.
La suma del perjuicio que se habría ocasionado con estos contratos irregulares, asciende a S/.29´232,930 (29 millones 232 mil 930 nuevos soles). A esta cantidad hay que sumar las irregularidades denunciadas por la nueva gestión del Gobierno Regional de Arequipa que han sido publicadas en diversos medios de comunicación relacionadas con la construcción del edificio del Gobierno Regional, el convenio con el Sutep para la elaboración de un nuevo Diseño Curricular, informes especiales emitidos por ORCI referidos a varios otros casos, la carretera Atico-Caravelí y otros, según el detalle del siguiente cuadro:
Estos costos suman la cantidad de S/. 5´831,858 (5 millones 831 mil 858 nuevos soles).
Sumando los tres cuadros se obtiene la suma de S/. 95’887,879.76 (noventa i cinco millones 887 mil 879 nuevos soles con 76 centavos), es decir casi 100 millones debidamente documentados.
Pero AVICCA cree que esto es solo la punta de una gran madeja que no se ha revelado por falta de diligencia de la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, pues se trata de denuncias puntuales que no abarcan la totalidad de la gestión.
Entre los 1que señalan como omisos a sus funciones de fiscalizar e investigar, señalan a los jefes de la Oficina Regional de Control Interno del GRA, Edson Lozano Medina y Oliver Paredes de los Santos. Asimismo a los fiscales provinciales Tania Gallegos Calisaya, Antonio Chacón Roselló, Lizbeth del Carpio Romero, Silvia Pinto Rodríguez, Sandro Paredes Quiroz. Además al fiscal superior Santiago Irigoyen Díaz. Todos ellos por desestimar denuncias que luego han sido admitidas por Contraloría o por retardar investigaciones presentadas hace varios años, permitiendo la impunidad y el retardo en la administración de justicia, según declararon los denunciantes.