La juez de paz de Cocachacra, Orielí Bedoya Nicho, denunció que la policía allanó sin justificación alguna su domicilio, el pasado 10 de abril, causando algunos daños, por lo que denunció abuso de autoridad.
Según su denuncia, un grupo de policías ingresó abruptamente a su domicilio, buscando manifestantes contra la minera Tía María, supuestamente escondidos en el lugar, lo que afectó a su hija de 12 años y sus ancianos padres.
El gobernador del distrito, José Ocsa, se apersonó al domicilio y encontró a la menor en estado de shock por lo que tuvo que la trasladó al Centro de Salud de Cocachacra.
Asimismo, declaró que halló destrozadas las lunas de algunas ventanas del inmueble, confirmando con los vecinos del lugar el allanamiento de la vivienda.
Curiosamente, al día siguiente se conoció una resolución del Ministerio del Interior que da por concluida la designación de José Silverio Ocsa Cárdenas como gobernador del distrito de Cocachacra. El documento está fechado el mismo día en que se produjo el allanamiento.
En la motivación únicamente se consigna que “en vista que la Dirección General de Autoridades Políticas de la Oficina Nacional de Gobierno Interior recomienda la conclusión de la designación del Gobernador Distrital”, se resuelve en ese sentido.
El gobernador Ocsa se había enfrentado varias veces con los jefes policiales solicitando detener algunas acciones que consideró excesivas para restablecer el orden en el distrito.
Su sucesor fue designada 10 días después, en pleno conflicto, lo que indica que la destitución fue abrupta.