El ministro de Agricultura fue el primero en hablar. Juan Manuel Benítez Ramos recalcó las proposiciones que ha realizado su cartera para admitir el proyecto minero Tía María, siendo particular la propuesta de creación de un fondo de contingencia en caso de contaminación minera.
“Habíamos logrado por parte de la empresa que constituyera un fondo de garantía que diera tranquilidad; en el sentido de que si hubiese algún tipo de efecto ambiental, fuese de ejecución automática, que no pasara por la burocracia del estado ni tampoco por una aprobación absoluta de la empresa”.
Luego mostró su molestia al referirse a los alcaldes de Islay y su negativa de diálogo, “Hemos recibido una respuesta categórica… Ellos (alcaldes de Islay) han sostenido que no van a sentarse en una mesa en la que solamente deberían estar los representantes del poder ejecutivo (los ministros) al no concordar en ese punto han decidió retirarse de una manera que considero irrespetuosa”, dijo.
Finalmente recalcó el actuar frente a la violencia desatada en Cocachacra, “No nos temblará la mano para tomar acciones en cuanto a lo que está sucediendo con expresiones violencia, amenaza y hasta casi secuestro, porque están cobrando cupos para que salgan los productos de Islay”.
En segundo lugar habló el ministro del Ambiente, quien asumió un tono confrontacional señalando que el comportamiento de los dirigentes es inaceptable, frente a lo que evaluarán los siguientes pasos a dar. Criticó de manera drástica lo que consideró la poca voluntad de los dirigentes para el diálogo y cuestionó que liderara el grupo Pepe Julio Gutiérrez y que detrás de ellos estuvieran los alcaldes que como autoridades no pueden pedir licencia para protestar.
“Ellos no tienen ninguna vocación de diálogo, es inaceptable la respuesta una negativa… son personas sin representatividad, sin rol de autoridad, son capaces de asumir acciones que van en desmedro del propio pueblo de Islay. Eso no lo vamos a aceptar”, dijo.
“Reafirmamos que lo que estamos defendiendo aquí es el estado de derecho, el imperio de la ley, o sea los procedimientos y las leyes del estado para una actividad económica determinada y a la vez es defender la propiedad pública, privada y los ciudadanos”, acotó al cerrar turno.
Cerrando el ciclo de alegatos, la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, tuvo un mensaje más sucinto referido al diálogo, “Como congresistas por Arequipa, los cinco, reafirmamos a la ciudadanía nuestra vocación al diálogo, a escucharnos entre arequipeños, Arequipa quiere la solución”.
“Tenemos una mesa de diálogo que busca soluciones, ese espacio ya se ha abierto pero queremos que todos los actores intervengan, seguiremos insistiendo en la semana de la representación”, puntualizó al terminar.