Por Alan Fairlie
Ministros llegan a la región no para el diálogo, sino para coordinar la represión. Sospechoso incendio de un bus, audios difundidos por abogado con dudosas credenciales, que involucra no solo a dirigentes sino a la Gobernadora que ha tenido posición dialogante y opuesta al estado de emergencia. Comunicado de Conferencia Episcopal que exhorta al cese de la violencia pero implícitamente avala el proyecto. Campaña sistemática de los medios concentrados en la misma línea, pidiendo la restauración del orden y el respeto a la inversión extranjera. En política no hay coincidencias casuales.
Movilización y paros regionales de apoyo anunciados para la siguiente semana, ¿cuál será el desenlace? Mientras policías y población se enfrentan y el gobierno se mancha de sangre, la empresa y sus representantes ni se despeinan. ¿Qué clase de democracia es ésta donde se impone a sangre y fuego una inversión, con una población mayoritariamente en contra?
Un escenario optimista es que todo se desarrolle pacíficamente, no haya provocación de ningún lado, y se respeten los derechos ciudadanos. Pero, el más probable es que se presenten incidentes propios de la movilización o provocados, con una represión proporcionalmente mayor, y consecuencias imprevisibles que no serán solo regionales. El gobierno enfrenta un creciente descrédito, y la crisis económica asoma con mayor fuerza, para un gobierno de salida que da palos de ciego en buena parte de sus políticas.
Es urgente ya mismo retomar el diálogo, la Gobernadora Yamila Osorio es una de las pocas personalidades que puede jugar el rol de mediadora. Esto supone buscar la suspensión simultánea del proyecto y el paro, para dar paso al diálogo sobre nuevo estudio de impacto ambiental y proyectos de desarrollo para toda la región: comisiones que simultáneamente aborden planes de desarrollo integral para la Provincia: petroquímica, pesca, turismo, agroexportación; completar plan de ordenamiento territorial, ya que aún en hipotético escenario que acepte convivencia de agro con minería, casi todo el territorio esta concesionado para explotación minera, lo que traerá conflictos futuros.
Se debe suspender temporalmente el proyecto, mientras avanza el proceso de diálogo con resultados concretos que deben ser legitimados por un referéndum cuyos resultados el estado se comprometa a ejecutar, lo que tendrá que ser en una nueva gestión de gobierno.
Se requiere voluntad política y flexibilidad de ambas partes, para evitar un baño de sangre. Ya casi no queda tiempo.