Ministros del Interior y Energía declaran que no defienden la mina, pero el inconsciente los traiciona y reconocen que defienden el proyecto. No es lo mismo, pero es igual. Ministro de Agricultura dice que defienden la reputación del país, lo que el titular del MEF y sus patas del gabinete afirmaron al comienzo del conflicto, y ahora pasan piola (igual que la empresa y la presidenta del partido nacionalista). A otro perro con ese hueso.
El derecho a la vida es el principal derecho humano que está en riesgo en el valle, por la forma que el gobierno ha manejado el conflicto. Ese derecho está por encima de todo, incluyendo las sacrosantas inversiones extranjeras. Un estado nacional no dudaría un instante sobre el punto. La masacre de ciudadanos no prescribe, y sería lo peor que podría ocurrir para el prestigio y la reputación del país. Violación de derechos humanos pueden tardar en ser castigados, pero les llega la hora.
Pero no solo el presidente prometió respetar las demandas del valle, también la presidenta del Congreso marchó con ellos en las protestas del 2011, cuando buscaban votos. Ahora encabezan la represión, involucrando a las fuerzas armadas, cuando la población reclama por la traición a sus promesas. ¿Qué los hizo cambiar de posición? ¿el oportunismo, el chantaje de los poderes fácticos? ¿otras poderosas razones? La protesta es legítima, y en la constitución se debería incluir la revocatoria para quienes traicionan el mandato popular.
Un gobierno que incumple sus promesas ya perdió reputación y credibilidad, lo mismo cuando avaló el primer estudio de impacto ambiental y haciendo la chamba que le correspondería a la empresa, busca imponer el segundo estudio que supuestamente refuta las observaciones de UNOPS. Igual la empresa que tiene varias multas de la OEFA y un nada envidiable historial en el exterior. En 3 meses, se estima, pasa al Ministerio de Ambiente la evaluación de estudio ambiental en el nuevo organismo creado, que el nuevo estudio de impacto lo vea éste, y no el Ministerio de Energía y Minas, que lo que busca es la inversión a toda costa.
Saben que una eventual inversión no tendrá ningún impacto en el corto plazo (empezaría el 2017), que estas disminuyen por el cambio de la coyuntura internacional (¿están haciendo el trabajo sucio para otros?) Pero, al igual que en otros caso el MEF mete de contrabando medidas que favorecen intereses privados flexibilizando normativa laboral y ambiental, con el pretexto de aumentar la inversión. Esta vez fueron demasiado lejos, hay muertos en ambos lados, pero parece no importarles. Es más, en una protesta social legítima denuncian terroristas, no los antimineros, sino los de verdad, y hay que liquidarlos.
Pensamos que la violencia hay que condenarla venga de donde venga, pero el origen está en las promesas incumplidas, en la imposición de un modelo ahora a sangre y fuego, como en dictadura. No importa si se declara formalmente el estado de emergencia. Se supone que en una democracia se vota por programas, por estrategias de desarrollo en los diferentes niveles. A escala local votaron por la defensa del valle y no la inversión minera, a nivel nacional por la gran transformación. La imposición actual, no sólo plantea problemas de reputación y credibilidad en el exterior, sino de la democracia misma.
Por eso, la suspensión del proyecto no solo hará que vuelva la calma, sino que permitirá restablecer el diálogo, no sobre un proyecto, sino del desarrollo local y regional que no debe ser traicionado nuevamente. Una masacre puede desencadenar escenarios imprevisibles.