¿Cuál es y cuál debe ser el punto de vista del gobierno frente al absurdo problema de Tía María? Unos responderán que es el del estadista, que mira la realidad por encima de los seres y las cosas de manera imparcial y no desde el punto de vista de su bolsillo, o el de su familia o correligionarios. Otros diremos que el punto de vista del estadistafirme, no bamba, debe ser el punto de vista de la población que no tiene poder político, de la sociedad civil, en este caso de la población de ese muy querido valle arequipeño llamado Tambo. ¿Qué haría usted si un poderoso va a explotar una mina en su propio valle, con los antecedentes peruanos? ¿Meterse debajo de la cama? ¿Apoyarla porque la empresa ya presentó su EIA? ¿o porque el gobierno la apoya literalmente con todo?¿o porque han prometido mucho billete?
Y no porque nos hemos criado en ese valle o porque las otras partes son la contaminadora empresa y el contaminado gobierno de turno, sino porque estamos convencidos desde chiquitos que el tambeño será cualquier cosa pero no un tonto de capirote, que se deja manipular por un grupete de genios del liderazgo político que han desbaratado todas las estrategias y tácticas de los todo poderosos organismos de seguridad del Estado y de la policía (la normal y la empresarial) de los ministros y sectores vinculados al problema y de sus vice ministros y asesores respectivos (sin olvidar a la presidenta Nadine). Y sin el apoyo de los no menos poderosos medios, con el que sí cuenta la empresa, apoyada a sangre, fuego y muerte por parte del gobierno de turno, siguiendo la tradición neo derechista, conservadora y corrupta de Garcia, Chinochet y Keiko (Toledo es corrupto de centro).
Como Gutiérrez habló con la no muy saludable empresa, entonces todos los tambeños son terroristas anti mineros o delincuentes. Es la lógica de la política empresarial y gubernamental. No puedo ejercer mi derecho a un medio saludable porque me colgarán el san benito de “anti minero”. O la visión del jefe regional de la Iglesia católica,que no es muy diferente. Primero apoya a la empresa y luego hace llamados a la paz. ¡Santa hipocresía!
Creo que nadie puede negar por lo menos un punto: el rechazo del gobierno a un nuevo e indispensable informe de U.n.o.p.s, el organismo técnico de las Naciones Unidas encargado precisamente, entre otras cosas, de opinar sobre los estudios de impacto ambiental (EIA). Como el que fue presentado por la empresa y que mereció más de cien observaciones de ese respetado y respetable organismo internacional, que tendrían que haberse subsanado pública y transparentemente. Ese rechazo prueba la mala fe del gobierno. Ese informe de U.n.o.p.s. sería la única posible solución razonable y razonada. El gobierno tendría que solicitarlo de oficio, si actuara de buena fe, y no rechazarlo. Ese informe goza de dos ventajas insuperables: su neutralidad y su alta calificación profesional y técnica. Tía María es, básicamente, un problema de desconfianza, absolutamente justificada en este caso. Y si no se resuelve el problema de desconfianza, no hay ni habrá solución buena o sana. Póngase en el pellejo y la perspectiva del poblador tambeño y verá. Eso es lo que no hace, ni ha hecho ni parece que hará este gobierno tránsfuga. ¿Ese no es su deber?
El rechazo (o silencio) respecto a dicho informe nos dice tácita, implícita, pero claramente: ese informe no me conviene porque dice la verdad. ¿Cómo obligar a la población a que confíen en instituciones políticas o económicas con semejante actitud? Sin hablar de sus antecedentes antes del conflicto y de su triste papel en él después que estalló la violencia (los asquerosos sembrados de la policía son otra contundente prueba de la fe con la que actúan). ¿Por qué no aceptar un informe como ese en un conflicto que el gobierno ha convertido en guerra contra la población, como si fuera un caso militar contra el extranjero, y no como un caso de interés público interno? ¿No debería luchar la población ante el peligro de una probable contaminación del único hábitat que la alumbra? ¿O deberían emigrar? ¿a dónde? Ha quedado claro también que al pueblo de Tambo no hay quien lo defienda, salvo precisamente ese grupúsculo de líderes hércules, que con la capacidad de manejo político que les atribuye la policía y algunos políticos, deberían estar más bien en el gobierno y no ellos.
La mina se ha hecho para el hombre, no el hombre para la mina. Lo más relevante aquí es la preservación de los derechos a la vida, a la salud y a la paz para el agradable y otrora apacible valle de Tambo (desde Mollendo hasta El Fiscal). Y que el gobierno reconozca su deshonestidad, su ineficiencia, su incapacidad y su derrota y deje de amenazar y joder.