Quienes hablan ligeramente de terrorismo y Estado de Sitio, es porque no tienen la menor idea del horror vivido por el Perú en los 80 y juegan con éstos términos como intonsos creyendo que el fuego que atizan no los quemará. Y quienes han pedido el Estado de Emergencia, para que se imponga a sangre y fuego la mina Tía María, tendrán que asumir responsabilidad por lo que ocurra de aquí en adelante que -ojalá nos equivoquemos- sólo es el inicio de una escalada violenta mucho mayor, con consecuencias imprevisibles.
La gobernadora regional, Yamila Osorio, al avalar esta declaratoria, no solo está abdicando a ejercer autoridad sobre esa provincia, colocándose en segunda fila detrás de un gobierno completamente deslegitimado, sino que deberá rendir cuentas más adelante por toda la sangre derramada que debió evitarse con una acción firme y decidida en defensa de los intereses regionales y no secundando las barbaridades que viene cometiendo el Ejecutivo. La violencia en Islay es fruto del abandono de todo tipo de autoridad a un pueblo con legítimos reclamos, debido a lo cual cayeron en manos de bribones como Pepe Julio Gutiérrez, Jesús Gómez Urquizo y, ahora, de grupos violentistas organizados a quienes han dejado el territorio libre y que deben estar muy agradecidos por la famosa declaratoria.
A eso se llama responsabilidad política, por si lo han olvidado.