El estudio realizado por la ONG Labor, por encargo del Gobierno Regional de Arequipa, para analizar la situación social y económica de la población de Islay luego del conflicto por el proyecto minero Tía María, dio como resultado que un 72% de la población pide que se suspenda el proyecto de Southern Perú, y que se levante el Estado de Emergencia en la Provincia.
Por otro lado, el 89% de la población ha manifestado que se encuentra muy afectada por las consecuencias que provocó el conflicto social en la provincia, siendo Cocachacra el distrito más afectado; un 87% de la población está de acuerdo con la intervención de una consultora independiente que promueva el diálogo de las partes en conflicto.
Las principales conclusiones del estudio, que expuso el director ejecutivo de la Asociación Civil Labor, Edwin Guzmán Espezúa, son las graves secuelas que ha dejado el conflicto, que ha mermado el sector económico y emocional de la población, deteriorando las instituciones del Valle de Tambo; también hay una gran mayoría que promueve se realice un informe técnico que esté al margen del Estudio de Impacto Ambiental, para aumentar la credibilidad de la población con el proyecto Tía María.
Entre las condiciones que la población requiere para que cese la violencia en la provincia es que se detenga el hostigamiento de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público contra los opositores del proyecto cuprífero, y que se sancione debidamente los excesos que causó el conflicto.
Entre las principales preocupaciones que provoca el proyecto en la población es que se pueda contaminar el Valle de Tambo, por consecuencia desaparecería la actividad agrícola; el material en partículas que provocaría la extracción del mineral llegaría a alcanzar las tierras agrícolas a causa del viento; la utilización de agua subterránea que Southern Perú realizaría, ya que tiene una licencia para ello, y la posible filtración de los relaves.