Históricamente la corrupción se da en el país porque tenemos una democracia mal concebida e insuficiente. Esta es elitista, representa y es útil sólo a algunos ciudadanos, y no a todos los peruanos. Porque se la restringe sólo a uno de sus tres componentes constitutivos e indivisibles: a la representación, y deja de lado la voluntad directa del ciudadano, y su participación en los “asuntos y la cosa pública”.
El régimen de democracia demo liberal representativa reinstaurado en la Constitución Política de 1993 con el gobierno autoritario y mafioso de Alberto Fujimori, sólo considera la representación ciudadana. En ella, la voluntad ciudadana es delegada a la autoridad elegida o designada, sin mecanismos de consulta o rendición de cuentas al ciudadano. La participación ciudadana se limita a la gestión, pero no al gobierno, y no es vinculante, solo opina. Y es entendida de forma procedimental y recortada a determinados casos.
Una democracia supone el ejercicio pleno y vigoroso de la libertad y la igualdad de derechos y deberes ciudadanos sobre el gobierno y la gestión pública; en la que se da el equilibrio y la autonomía de Poderes, para la fiscalización y control político sobre los asuntos públicos y privados. Igualmente, supone la descentralización territorial del Poder, en los gobiernos subnacionales, y a los ciudadanos que en el ejercicio de la igualdad de derechos y oportunidades logran el desarrollo integral de sus territorios. Y en donde existe mecanismos y espacios de concertación y coordinación entre el Gobierno Central, los niveles de gobierno subnacionales, y los Órganos, y Organismos Públicos Autónomos y Descentralizados, sobre el gobierno y gestión del desarrollo Integral del territorio. Y supone también, que las Entidades Públicas gestionan con eficiencia, eficacia y transparencia, rinden cuentas periódicamente; cuentan con personal idóneo, probo, que obtienen el cargo en base a méritos, gozan de estabilidad laboral, buena remuneración y están al servicio de todos los peruanos sin discriminación alguna. Porque la democracia tiene un costo al actuar. La realidad nos muestra que no es así.
La descentralización se estancó en el gobierno de Alejandro Toledo Manrique; y en el gobierno de Alan García Pérez regresionó a una nueva recentralización del Poder Ejecutivo; que acentúo aún más el gobierno de Ollanta Humala Tasso.
El Estado que tenemos es austero y no prioriza la inversión en el capital humano, la educación, la ciencia y la tecnología para explotar e industrializar nuestros recursos naturales, fortalecer y diversificar el aparato productivo nacional, mejorar los sistemas administrativos, de gestión, y control estatal y empresarial.
Si a esta democracia formal, elitista, y centralista, se suma el neoliberalimo económico primario exportador y de servicios, que concibe un Estado mínimo dedicado sólo a las funciones de “policía, de recaudador tributario, y de seguridad interna y defensa nacional”; y deja las demás funciones al ciudadano, y lo privatiza todo, prioriza el crecimiento económico y no el desarrollo del país, y cree que aquel depende principalmente de la gran inversión extranjera, y exclusivamente de la gran empresa privada, de la venta de las empresas públicas, de abrirse al mercado internacional, de flexibilizar y desregular las relaciones laborales para reducir el costo del trabajo. En esa situación el Estado termina privatizado, débil, sin poder de control y coerción ante la liberalidad del interés privado, e impera el lobismo de los grupos de poder económico y fácticos, que influyen en el gobierno y la gestión del Estado, mediante la corrupción de “los que hacen, deciden e implementan” “legal y constitucionalmente” las políticas, las leyes y disposiciones que norman la vida social, imponiendo un orden social autoritario, desigual, y excluyente a la mayoría de ciudadanos.
De ese modo, se establece y funciona el Estado de Derecho privado, que ideologiza como “orden natural” el autoritarismo, la falta de libertad, la desigualdad, la exclusión social, y la corrupción. De allí que a menos democracia y a más centralización del Poder, mayor es la corrupción.
Por eso, es tarea diaria de los peruanos construir en la sociedad y en el Estado Democracia Ciudadana, que ponga en practica la igualdad de derechos, deberes y oportunidades a todos los peruanos, en la que decidan, gestionen y controlen los asuntos públicos, revoquen y renueven autoridades, y hagan transparente y rinda cuentas la gestión pública, que elimine la corrupción, y sirva al bienestar ciudadano y al País.