En la Universidad Nacional de San Agustín, el proceso de adecuación a la ley universitaria Nº 30220, se asumió con celeridad, llevándose a cabo la elección de los integrantes de la Asamblea Estatutaria, el 24 de setiembre del 2014. Sin embargo, su conformación no estuvo de acuerdo al Reglamento Electoral, produciéndose una arbitrariedad por parte del Comité electoral, quien excluyó de la misma a 6 docentes principales, de la lista ganadora, lo que por principio tuvo que ser denunciado ante el poder judicial. A pesar de dichas inconveniencias, y respetando la autoridad del Comité Electoral, la Asamblea Estatutaria así elegida, inició su trabajo.
La ley establece que se dispone de 55 días hábiles para elaborar el estatuto. Quiere decir que para el 12 de diciembre del 2014, debieron estar listos. El caso es que a la fecha, julio del 2015, la Asamblea Estatutaria no ha emitido tan importante documento.
En estas circunstancias, el 21 de mayo del 2015, el 6º Juzgado Civil dicta la sentencia Nº 70-2015-6JEC, en la que declara NULA la Resolución del Comité Electoral Universitario y le ordena cumplir con emitir nueva Resolución Administrativa componiendo la Asamblea Estatutaria de acuerdo al artículo 72 de la Nueva Ley Universitaria N° 30220 al Reglamento de Elecciones. Como era de esperar, los implicados, han apelado dicho fallo judicial. Asimismo a la fecha, se encuentra en ejecución una medida cautelar que en coherencia con dicha sentencia, establece la suspensión de las actividades de la actual Asamblea Estatutaria hasta que se resuelva la apelación presentada.
Queda claro entonces que en opinión del 6º Juzgado Civil, la actual Asamblea Estatutaria ha sido conformada ilegalmente. Pero lo más grave del asunto es que habiendo transcurrido 165 días hábiles después de haber sido nombrados, no hayan cumplido con el encargo de elaborar los Estatutos de la Universidad. Lo cierto es que este incumplimiento genera una inestabilidad institucional preocupante.
No se pretenda pues culpar de tal situación, a quienes fueron injustamente excluidos de la Asamblea Estatutaria, y que la justicia les ha reconocido su derecho.
Por el contrario, es saludable que las ilegalidades cometidas se corrijan y hay que resaltar el hecho de que se haga prevalecer la justicia y la verdad en la Universidad, cueste lo que cueste. Lo que está en juego es nada menos que la construcción de las bases de una Universidad exigida a modernizarse de modo que sea eficiente y competitiva en su rol formador y rector del conocimiento, para que en efecto aporte con liderazgo al desarrollo humano integral.
¿Qué correspondería hacer en estas condiciones?
Aprovecharlas como una oportunidad para realizar mínimamente 3 tareas institucionales:
- Revisar los borradores de estatuto disponibles, con la mayor agudeza técnica y programática, para elaborar una propuesta de Estatuto Agustino, que verdaderamente garantice el posicionamiento que nos corresponde como entidad estratégica en la sociedad.
- Desarrollar un proceso intensivo de toma de conciencia respecto a iniciar una nueva era en la Universidad, dejando la apatía y el conformismo; mejorando nuestro desempeño desde ya. Asimismo, prepararnos para elegir nuevas autoridades, de modo que entreguemos la conducción de nuestra Universidad a docentes visionarios, líderes probos y comprometidos con los valores institucionales, honestos y responsables; capaces de gestionar las capacidades y los recursos de la Universidad con trasparencia, equidad y eficiencia.
- Exigir una detallada “rendición de cuentas” porque la ley así lo demanda. Esto brindará valiosa información para corregir errores e introducir cambios que vitalicen nuestra Institución.
Para ello, debemos despojarnos de cegueras politiqueras, y hacer valer nuestra dignidad como docentes, estudiantes y administrativos, idóneos, capaces de construir una Universidad sólida que haga historia por su aporte eficaz a la calidad de vida de nuestros conciudadanos.