El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ticona, espera que se apruebe, en el Congreso de la República, el presupuesto solicitado por su despacho para hacer frente a las necesidades de la administración de justicia. Esta inversión, en un principio, fue estimada en un monto de 608 millones de soles, para el año 2016, los cuales posteriormente fueron reducidos a 519 millones de soles, monto que aún se considera alto.
“El Poder Judicial ha propuesto como alternativa la implementación de las mejoras por etapas, iniciándose en Lima y Callao, ya que en estas jurisdicciones se reporta el 60% de carga procesal a nivel nacional y se requiere una inversión de 100 millones de soles. Se pretende empezar por Lima Este y Ventanilla, y posteriormente las otras 4 cortes en las siguientes dos etapas, de tal manera que el impacto presupuestario no sea fuerte y pueda verse una implementación constante con resultados óptimos”, declaró Victor Ticona.
En Tumbes se ha iniciado un plan piloto, que consta de un proceso inmediato. Este plan ha obtenido resultados positivos, pues en el caso del delito de conducción en estado de ebriedad, considerado una alta carga procesal a nivel nacional, el proceso tiene una duración de 10 meses a un año. Con este plan piloto, el proceso ha sido reducido a una hora con cuarenta minutos, ya que el juez encargado solo tendría que valorar la prueba inmediata de dosaje etílico y pedir los antecedentes penales registrados en el sistema para poder dictar una sentencia en el mismo acto.
“La reforma del Código Procesal Penal es un reto muy importante, especialmente para el Poder Judicial, porque queremos que la justicia se dé por mano propia; no solo jurídicamente, sino moralmente, sea excluida. Eso nos compromete tanto a jueces, fiscales, el Ministerio Público y a la PNP, para brindar un servicio justo al país y que el pueblo confíe en el Poder Judicial”, dijjo Victor Ticona.
También se refirió a los recientes hechos de «justicia popular» que se han presentado en varias regiones del país, señalando que estos hechos son inadmisibles en un Estado de Derecho y que para eso existe el sistema de administración de Justicia que está haciendo lo posible por satisfacer las expectativas de la población. Añadió que no sólo es jurídicamente inviable, sino moralmente injustificable.
Finalmente anunció mejoras para optimizar el sistema de notificaciones electrónicas que se ha puesto en marcha en casi todo el país.