El titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal, Rubén Núñez Soto, solicitó una sanción de 10 años de prisión efectiva para el alcalde distrital de Selva Alegre, Omar Candia, y tres de sus exfuncionarios de confianza. El pedido fiscal fue presentado el pasado 16 de octubre al Tercer Juzgado Unipersonal de la Corte de Arequipa por el presunto direccionamiento en la licitación para la compra de 40 cámaras de seguridad a favor del Consorcio Soluciones Andinas, proceso realizado el año 2012.
La acusación fiscal se sustenta en un informe realizado por la Contraloría en el operativo Misti en 2013, donde se estima que el perjuicio económico al Estado asciende a 2 millones de soles.
Según el diario La República, tuvieron acceso a documentación que sustenta la acusación, en él se refiere que Candia y sus exfuncionarios Daniel Gómez, Juan Lipe Lizárraga y Reynaldo Díaz Chilo, además del representante del consorcio José Luis Ríos Sánchez y el consultor Sandro Martínez Sardón, se coludieron.
Algo que probaría dicha concertación es la aparente inacción del alcalde Candia, que pese a haber sido notificado por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (Osce) en 2012, para que anule la licitación que ganó Soluciones Andinas, hizo caso omiso.
Otro de los hechos irregulares que se refiere en la acusación fiscal, es que el municipio no observó que la contratista modificara el contrato en plazos, costos y tecnología a utilizar para instalar las cámaras.
De esta manera los funcionarios de Candia, como Juan Lipe Lizarraga, Reynaldo Díaz Chilo y su exgerente general Daniel Gómez Benavente, permitieron variar las condiciones del contrato con la firma de adenda, donde se variaba los montos de pagos iniciales y se permitía que se cambie el sistema inalámbrico por el de fibra óptica (tendido de cables para unir cámaras con la central de monitoreo). Esto sin contar que al momento de ser instaladas la mitad del número de cámaras se encontraban inoperativas.