Ad portas de la elección presidencial que reemplazará al presidente Ollanta Humala, una sorda pugna tiene lugar al interior del Ejecutivo entre quienes corren contra el tiempo para concretar “reformas” antes que el régimen acabe y quienes se oponen, entre otras cosas, a la privatización del servicio de agua potable, proceso meticulosamente diseñado hace varios años e impulsado por lobbys empresariales
El caso de la empresa limeña Sedapal, la más avanzada, ha provocado la reacción de las asociaciones de consumidores y gremios populares que esta semana realizarán una marcha de protesta en Lima, pero otras empresas importantes, cuyo recurso estratégico es codiciado por muchos, como Sedapar, transitan el mismo camino.
La pugna de intereses alrededor del agua, asociada a los conflictos sociales, y ahora con la amenaza del Fenómeno de El Niño, ha puesto al descubierto algunas maniobras tendientes a la privatización del agua potable en el Perú, que ocurriría bajo el gobierno nacionalista que está por irse.
DESORDEN ARTIFICIAL
La empresa de saneamiento de Arequipa, Sedapar, es una de las pocas empresas que mantienen sus cuentas en azul, no obstante, una serie de maniobras desde el propio Directorio, estarían por justificar -debido a la mala administración- la intervención de la Otass (Organismo regulador de las empresas de Saneamiento), primer paso para la convocatoria de capitales privados mediante asociaciones público privadas, que deriven en un manejo alejado de sus fines sociales.
Varias voces vienen alertando del hecho, entre ellos, el congresista Justiniano Apaza, quien promovió un foro para tratar el tema tras el cual se ha formado un Frente Nacional y una Comisión que, a nivel local, promueva actividades para evitar la privatización de la empresa.
El instrumento que posibilitaría esta secuencia para que, en el país, existan dueños del agua, son los famosos decretos legislativos 1240, 1012, y 1224, emitidos al amparo de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso al Ejecutivo, para supuestamente reactivar la economía nacional.
El último, particularmente, modifica la estructura accionaria de las empresas de saneamiento, quitándoles este carácter a los municipios distritales y dejando como accionistas, únicamente, a los municipios provinciales, lo que dejaría fuera de juego a muchos alcaldes distritales opuestos a la privatización.
La Otass, por su parte, ha sido creado como un organismo con capacidad de intervención directa en la gestión de las EPS, cuando su administración no demuestre eficacia, algo en lo que podrían incurrir la mayoría de empresas, como ya ha ocurrido con la empresa de saneamiento de Moquegua.
El Director Ejecutivo de Otass es el ex Presidente de Directorio de Sedapar, James Fernández y un Gerente de línea es el ex Gerente General de Sedapar, Xavier Zagaceta. Ambos tuvieron participación directa en los convenios específicos firmados entre Sedapar y Cerro Verde para facilitar la entrega de agua de forma gratuita que -previo tratamiento- usará la minera para triplicar su capacidad de producción, en un hecho escandaloso que no se ha aclarado hasta el momento.
Ambos funcionarios fueron respaldados en su momento por los alcaldes ligados al movimiento Arequipa Renace, de Alfredo Zegarra, quienes también colocaron al polémico actual presidente del Directorio, Hugo Aguilar Gonzáles, que fuera candidato a la vicepresidencia regional por el movimiento del arbolito y que hoy es blanco de las críticas por la gestión de Sedapar.
Según fuentes internas de Sedapar, Hugo Aguilar tendría la consigna de presentar a la empresa como inviable para posibilitar la intervención de Otass. De allí a la privatización, quedarían solo algunos pasos.
La versión toma cuerpo luego de que Aguilar y sus aliados en el Directorio, le retiraran la confianza al gerente de Sedapar, Carlos Monge, quien se había opuesto a algunas “movidas” de Aguilar, entre ellas la inclusión de personas afines políticamente en puestos claves de la empresa como Asesoría Legal, donde se vocea la presencia de alguien allegado a Javier Ismodes, candidato a presidente regional por Arequipa Renace, entre otros.
Alejandro Mejía, designado gerente interino de Sedapar tras el retiro de confianza de Monge por supuesto incumplimiento de metas, en más de dos semanas no fue investido de los poderes necesarios y su registro ante la Sunarp, hasta este sábado 30, con lo que el pago de planillas y otras obligaciones quedó suspendido y la empresa en riesgo de crisis financiera.
Los trabajadores de Sedapar, ante esta situación, habían amenazado con una huelga este lunes, pero en una rápida reacción posibilitó que Mejía usara un poder antiguo para ordenar el pago de haberes que se hizo efectivo este sábado por la mañana.
LOS ACCIONISTAS
Este sábado también, en el plazo límite para hacer la convocatoria, se publicó la citación a la reunión ordinaria de la Junta de Accionistas de Sedapar, que componen los alcaldes provinciales y distritales de Arequipa, con una agenda que incluye la elección de un nuevo Presidente de la Junta, la remoción del Presidente del Directorio y el pronunciamiento respecto al DL 1240.
La citación para el 5 de febrero a las 17 horas, se produce tras varias semanas de haber sido solicitada, primero, por un grupo de 5 alcaldes que están solicitando la remoción de Aguilar, y luego por el actual presidente de la Junta, Omar Candia, alarmado por las implicancias del DL 1240 que dejaría a los alcaldes distritales fuera de la administración de Sedapar.
Precisamente es la posición de Candia y los alcaldes de Arequipa Renace, la que llama la atención, pues de manera tardía vienen reclamando, además, el cobro a la minera Cerro Verde por el agua que ya viene empleando para las pruebas de la planta de tratamiento La Enlozada, el rechazo al Decreto mencionado, y la pretendida privatización, pues su posición ha sido ambigua en esto temas.
Además de haber colocado a Aguilar, es Arequipa Renace la que respaldó a James Fernández y sus negociaciones.
En la sesión del día 5, los alcaldes fijarán posición respeto a este decreto y es presumible que lo rechacen. Ya sea presentado un proyecto de ley para derogarlo. Sin embargo, donde no se sabe si habrá acuerdo es en la remoción de Aguilar y en la designación de un nuevo Presidente de la Junta, al haber acabado el mandato de Candia. Arequipa Renace tiene mayoría en la Junta considerando al alcalde provincial, Alfredo Zegarra.
EL CASO HUGO AGUILAR
Además de responsabilizarlo de mala gestión y favorecer las movidas para la privatización, la remoción de Hugo Aguilar se ha solicitado debido a una denuncia que ya es investigada por la Fiscalía, sobre una supuesta falsedad cometida por el funcionario al momento de presentar su expediente personal para acceder al cargo.
Siendo un requisito la experiencia con empresas de saneamiento, Aguilar presentó un Certificado emitido por la EPS Chavín (Ancash) que da fe de haber realizado una Consultoría por un espacio de 115 días en dicha empresa para el proyecto de Mejoramiento del servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la ciudad de Aija, entre octubre de 2012 y febrero de 2013. El certificado es firmado por el gerente de esta empresa, Juan Tarazona Minaya, en enero de 2015.
Sin embargo, hechas las indagaciones del caso, tras la salida de Tarazona de dicha empresa, un nuevo informe suscrito por el nuevo gerente, señala que no se han encontrado evidencias de que esta consultoría se hubiera prestado. No existe documento alguno que acredite la labor supuestamente realizada por Aguilar, ni sobre su participación en la convocatoria realizada para este proyecto, ni si actúo como persona o representando al consorcio que ganó esa licitación, donde tampoco lo conocen. Además, otras fuentes señalan que Aguilar, nunca se ausentó de la ciudad de Arequipa en ese lapso.
Curiosamente, el expediente de Aguilar donde figuraba este Certificado fue solicitado por él mismo y, posteriormente, el documento original en mención desapareció del file. Este supuesto comportamiento fraudulento, es razón suficiente para retirarlo del cargo, ha declarado Manuel Vera Paredes, alcalde de Cerro Colorado y uno de los impulsores de la moción, junto a Simón Balbuena, Alexei Rivera, Luis Cornejo y Víctor de la Vega. Los resultados de la reunión son imprevisibles.
Coincidentemente, el firmante del Certificado supuestamente falso, Juan Tarazona, en abril de 2015, pasó a ser Gerente General de la Asociación Nacional de Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento del Perú (Anepssa Perú), donde Hugo Aguilar es Presidente, en su condición de representante de Sedapar. Y como no podía ser de otra manera, la Otass ha respaldado a Hugo Aguilar en este tema emitiendo un documento donde señala que cumple el perfil para el cargo que ocupa.
Según fuentes confiables, detrás del grupo que representan James Fernández, Hugo Aguilar, entre otros, está el ex ministro de Vivienda y construcción, René Cornejo, en cuyo mandato se diseñaron estas nuevas políticas de privatización de los servicios de saneamiento y quien avaló personalmente el nombramiento de Fernández en el alto cargo que tiene bajo su mando las empresas de saneamiento, tan ambicionadas por las industrias extractivas, dado que el agua se ha convertido en la principal fuente de conflictos social, con toda razón.
Copia del documento, hoy desaparecido, que certifica un hecho aparentemente falso.