A estas horas de la mañana, la tranquilidad reina en las localidades de Cocachacra, La Curva, Punta de Bombón, que componen el llamado Valle de Tambo, en la provincia de Islay, donde los pobladores han anunciado un paro de 72 horas, en protesta a las expresiones del presidente de Southern, Oscar Gonzales Rocha, sobre el pronto inicio del proyecto minero Tía María. No obstante hay preocupación por el desplazamiento de unos 150 efectivos policiales enviados desde Arequipa, para controlar el orden público ante posibles desórdenes por la medida de fuerza.
Según informan reporteros de radio en la zona, en varios centros educativos se han suspendido las labores por iniciativa de los docentes que declaran su apoyo al paro, no obstante, Juan Mota Pacheco, director de la Ugel Islay, declaró que los estudiantes asisten con normalidad a clases, pero dio libertad a los directores de cada plantel de suspenden las labores en caso se verifiquen actos y violencia, y estableciendo un cronograma de recuperación de las clases perdidas.
La paralización no tiene líderes visibles, “los agricultores se autoconvocaron al paro contra Tía María”, dijo al respecto el presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, Jesús Cornejo, quien tiene varios procesos en contra por su participación en el paro contra el proyecto minero el año pasado, en el que se desataron actos de violencia.
Por esa razón Cornejo anunció que los dirigentes no participarán en la medida de protesta porque se encuentran impedidos por el Poder Judicial, debido a que tienen que cumplir con las reglas de conducta. Además dijo que los agricultores acordaron no apoyar a ningún candidato presidencial en la segunda vuelta electoral por no tener certeza respecto a su posición sobre el futuro del proyecto, sobre lo cual ellos insisten en que «Tía María, no va».
CONGRESISTAS ELECTOS
En la localidad de Cocachacra se encuentran los congresistas electos Justiniano Apaza y Horacio Zeballos, quienes pertenecen al Frente Amplio y es conocida su posición de respaldo a la demanda de que la minera se retire del lugar. Apaza dijo que su presencia obedece básicamente al deseo de garantizar que no exista represión y se desarrolle la protesta de forma pacífica.
Ana María Choquehuanca, vocera de PPK en la región, preguntada por el paro dijo que su posición es clara y que, en este momento, el proyecto Tía María no va. La razón, señaló, es que no se puede ir contra la población, que se ha expresado claramente en contra. «La minera no ha cumplido con aclarar el tema del cuidado medioambiental así como la oferta de empleo real que ofrecerían en caso se autorice».
Po su parte, la representante del fujimorismo, congresista electa Alejandra Aramayo, ha coincidido con su colega Choquehuanca en que el proyecto -en este momento- no puede ser iniciado. «Ahora, no va», dijo añadiendo que su lideresa Keiko Fujimori ha dicho ya que Fuerza Popular priorizar la agricultura y a los agricultores, sobre todo en las zonas de escasez de agua y cabeceras de cuenca.
De otro lado, el viceministro de Minas, Guillermo Shinno, confirmó ayer que existe un problema de superposición de concesiones entre el proyecto Tía María y la sociedad minera Vania que reclama 50 hectáreas que Southern ha incluido dentro de su concesión.
Shinno dijo que, en tanto no se solucione este problema, no se le puede otorgar la Licencia de Construcción, único trámite legal pendiente de Tía María, ante el Estado peruano. Aunque el MEM ya se pronunció a favor de Vania, Southern Perú apeló la decisión y el caso está ahora en el Consejo de Minería, ente autónomo que resolverá la controversia.
Southern tiene previsto desarrollar su proyecto en 1,600 hectáreas y Vania tiene una concesión de 200 hectáreas, 50 de las cuales están debajo de la planta de beneficio de Southern, quien es dueña del terreno superficial.
No obstante, Shino insistió en la necesidad de autorizar los proyectos mineros por los beneficios que traería a la población del lugar, según dijo.
