Kuczynski, en el mitin de cierre de campaña, junto al agricultor, elegido congresista por Arequipa, Segio Dávila y la dirigente de Myes, Ana María Choquehuanca.
Ya pasaron las elecciones y el programa «Reencuentro» que lleva a cabo la empresa Southern Perú en el valle de Tambo, cumple un año de trabajo intensivo para doblegar la voluntad opositora de la población al proyecto minero Tía María; sin embargo, la situación de crispación y desconfianza de parte de los pobladores, no ha menguado significativamente.
Durante la campaña electoral, la mayoría de candidatos habló de la necesidad de diálogo, término que aparece desgastado y vacío de contenido por su continuo uso de parte de los miembros del gobierno actual, que en repetidas ocasiones lo emplearon con el objetivo de someter a los opositores al proyecto minero, con declaraciones altisonantes y faltas de sinceridad, medias verdades y amenazas, en el afán por imponer su posición, como quedó demostrado cuando enviaron miles de policías y efectivos del Ejército que ejercieron violencia innecesaria contra la población.
Pese a sus mensajes publicitarios, la empresa Southern, ha sumado a sus ya -de por sí- malos antecedentes, una mala imagen y nula credibilidad, generando extrema sensibilidad entre los habitantes de Cocachacra y alrededores, desde que intentó manipular a la opinión pública anunciando falsamente su retiro, su posible participación en el «sembrado» de pruebas y otros ardides para descalificar la protesta; hasta que se vio comprometida en el caso «pepeaudios» donde se evidenció la compra de dirigentes populares, desde el año 2011, negociación en la que -aparentemente-, cayó su principal líder: Pepe Julio Gutiérrez.
Desde hace un año -además- otorga diversos tipos de dádivas a los pobladores con los programas «pinta tu casa», «por tu piso», «pon tu tanque», «Tambo ganadero», entre otros, que se presentan como programas de acción social, pero que los pobladores perciben como intentos de «compra de voluntades» y una forma de minar a la oposición, haciendo uso de su poder económico, sin que ninguna institución estatal haya intervenido para regularla, ya que se habla de firmas obligatorias, antes de recibir alguna de estas prebendas.
La posición de PPK
En el fragor de la campaña electoral, la candidata Keiko Fujimori se mostró directamente en contra del proyecto llegando a asegurar que «Tía María no va». A pesar de ello, en Cocachacra, meollo del conflicto, la votación a favor de Kuczynski en la segunda vuelta, bordeó el 70%. En primera vuelta, la clara ganadora fue Verónika Mendoza y sus seguidores en el lugar, aseguran que votaron por PPK sólo porque ella se los pidió.
PPK fue más cauto que Fujimori, pero aseguró que, si la población no quiere el proyecto, un gobierno suyo no intentaría imponerlo a la fuerza y debían buscarse otras alternativas. Sin embargo, una vez definido su triunfo, ha anunciado que irá hasta el valle de Tambo a dialogar personalmente con los pobladores. Confía en su poder de persuasión y se apoya en el 70% de votación que obtuvo. Asegura que su diálogo será sincero y bien intencionado-, no como un formalismo (ver video).
Las pocas cabezas visibles de la oposición a la mina en Cocachacra: Marilú Marroquín y José Blanco, han manifestado su disposición a dialogar con PPK, pero piden que vaya a la zona, donde le mostrarán «in situ» las características del proyecto, su cercanía, y el inminente daño a la agricultura, sostén de la gran mayoría de la población del lugar.
Todo hace prever que, al menos en un primer intento, no habrá acuerdo, lo que constituye un gran desafío para el nuevo gobernante y el manejo de los conflictos sociales en el quinquenio que se viene. Hasta el momento, los intentos de diálogo de los dos gobiernos precedentes, priorizaron su enfoque a los beneficios de la inversión que supone el proyecto, pasando por alto los argumentos que alertan sobre el daño ambiental. El discutido Estudio de Impacto Ambiental (EIA), no ofrece -según multiplicidad de opiniones expertas- garantías suficientes de que la agricultura, actividad principal del valle, no vaya a sufrir considerables impactos negativos.
El factor Vizcarra
El vicepresidente electo de PPK, ex presidente regional de la vecina Moquegua, es un negociador nato y, de hecho, en ello basó su éxito en la gestión de la región sureña durante su mandato. Precisamente, negociando aportes significativos con la empresa Southern Perú, que tiene en Moquegua uno de sus centros principales de operaciones. Con estos recursos, Vizcarra financió la mejora del sistema educativo que le ha dado sus mayores éxitos.
Este hecho, genera la desconfianza en parte de la población, pues consideran a Vizcarra un «prominero» y suponen que su cercanía a los directivos de Southern terminará por convencer a PPK de intentar imponer el proyecto.
Vizcarra tiene buenas relaciones con la gobernadora regional de Arequipa, a quien prestó apoyo al inicio de su gestión, proporcionándole incluso varios técnicos que habían trabajado con él y vinieron a ocupar cargos en el GRA. Su carácter dialogante es, por cierto, un activo; pero no ha tardado en despertar cerrada oposición en su propia tierra, desde donde surgieron las denuncias contra él, en plena campaña, en un intento por impedir la victoria de PPK. La constante mención de su nombre, como posible Presidente del consejo de Ministros, le daría un papel estratégico para esta negociación, difícilmente predecible por el momento.
El papel de los congresistas
El congresista Justiniano Apaza, reelecto por el Frente Amplio, ha manifestado su desconfianza frente al anuncio del viaje de PPK a la zona del conflicto. Dijo estar convencido que la visita es interesada y con el fin único de tratar de convencer a la población que necesitan los recursos de Southern. «Su gobierno y su modelo se basan en la inversión extranjera y esa es su convicción», señaló, al tiempo de alertar sobre una provocación y un posible reavivamiento del conflicto social.
Congresistas electos: Choquehuanca, Vizcarra, Zeballos y Román
Los propios congresistas electos por Peruanos Por el Kambio, Ana María Choquehuanca y, en especial, Sergio Dávila, manifestaron durante la campaña que la situación en el valle de Tambo no es propicia para el reinicio del proyecto minero. Choquehuanca dijo que era necesario hacer una evaluación y balance previo entre las posibilidades que ofrece la inversión minera y el movimiento económico que actualmente genera la agricultura, tras lo cual, debería determinarse, técnicamente, cuál de las alternativas es más favorable para la población del lugar.
Dávila Vizcarra, como agricultor, fue más allá y estimó que el enfrentamiento es irreconciliable con la empresa Southern y que, intentar imponer el proyecto en las condiciones actuales, sería desastroso. «Tal vez si Southern vende el proyecto a otra empresa, podría ser», dijo.
El congresista electo por Acción Popular, Miguel Román, nacido en Cocachacra y ex alcalde provincial de Islay, se manifestó muy a favor del diálogo. Considerado «prominero» y hasta «traidor» en su propia tierra por esta posición, dijo que hay que hacer el esfuerzo por entablar la comunicación y aprovechar la buena disposición del nuevo mandatario. «Si de ese diálogo se convence al electo presidente de lo negativo que significaría el proyecto para nosotros, entonces Tía María no va. Pero dialoguemos, no seamos intransigentes», expresó.
El otro congresista electo por el Frente Amplio, Horacio Zeballos, es un convencido opositor a Tía María, al punto de marchar con los pobladores de Cocachacra durante el último paro, mientras la congresista por Fuerza Popular, Alejandra Aramayo, adhirió en la campaña la posición de Keiko Fujimori.
¿Quién convencerá a quién?, es la pregunta y la clave para una relación fructífera entre los pobladores insatisfechos con el accionar del Estado en sus comunidades, hasta hoy, y el gobierno que está por estrenarse en una difícil situación económica y social.