“Somos inocentes. Trapearon el piso con el alcalde. Prácticamente destruyeron su imagen, lo despellejaron vivo”, se quejó. Estas fueron algunas de las expresiones del alcalde provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada, luego de conocerse su absolución en la denuncia presentada por la Contraloría en contra suya y de cuatro funcionarios de confianza de su gestión, por desacato.
El burgomaestre se mostró crítico al opinar sobre el accionar del órgano de control. Señalando que las acusaciones fueron sin pruebas y debidas a un “prurito” que la Contraloría tendría en su contra. Asimismo el alcalde no descartó iniciar acciones legales. “La Contraloría se está excediendo en sus funciones. Ya son dos casos archivados contra mí”.
Por otra parte, Zegarra mostró su solidaridad con las autoridades que vienen siendo investigadas “sin pruebas” por la Contraloría. “Si hay pruebas contundentes de actos irregulares, que cada quien pague las consecuencias de su actitud y su proceder. Pero si no hay pruebas contundentes y solo se quiere hacer escarnio a través de los medios de comunicación, esto es lamentable”, refirió.
La autoridad también evidenció su molestia por el “escarnio” que tanto medios como la Contraloría hacen de su persona. Indicando que debido a su cargo es el blanco de acusaciones en su contra y sin medios probatorios, afectándose así su dignidad y honorabilidad.
Absuelto en primera instancia
Carmen Arias, jueza del Primer Juzgado Unipersonal de la Corte Superior de Arequipa, absolvió a los imputados por la presunta comisión del delito de Omisión de Funciones. La acusación, que pedía una sanción de 8 meses de prisión suspendida, fue motivada por el retraso en la entrega de información solicitada por la Contraloría a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA).
En la lectura del fallo, la titular del Primer Juzgado Unipersonal refirió que Zegarra y sus funcionarios solo cometieron falta administrativa. Arias acotó que ni el alcalde ni los otros imputados tienen como responsabilidad presentar la información requerida. Dicha obligación, según el Manual de Organización y Funciones, corresponde al secretario general de la comuna.
A cargo de la vía administrativa
La definición de las responsabilidades del caso podría quedar trunca. Conforme a lo indicado por la jueza, el ente encargado de procesar y sancionar al titular provincial y sus funcionarios es la Contraloría y no el Poder Judicial. Para ello, el Órgano de Control Interno de la MPA debe realizar un informe de auditoría y posteriormente, en caso de ameritarlo, abrir un proceso administrativo sancionador a los implicados. Las faltas administrativas prescriben a los tres años mientras que el proceso administrativo demora hasta dos años.