“Se ha favorecido de una forma grosera a una empresa privada”, dijo. El presidente del Consejo Regional, Edy Medina, tras exponer los resultados de la Comisión Especial Investigadora, informó así en Sesión de Consejo. Dijo que cuatro funcionarios habrían favorecido a la empresa Laguna Azul para obtener el permiso legal y construir la hidroeléctrica en la laguna de Mamacocha, en la provincia de Castilla.
“Con un informe legal, en el término de un día, pasaron tres instancias y sacaron una resolución dándole categoría I, qué significaba esto, que ya no tuvieron que hacer un estudio de impacto ambiental detallado, sino, simplemente una declaración de impacto ambiental. Entre otras cosas, no hay una consulta a la población y los niveles de rigurosidad son mínimos”, declaró Edy Medina.
Cuatro funcionarios habrían cometido serias irregularidades en la emisión de la resolución. Entre ellos, el exgerente de la Autoridad Regional Ambiental (ARMA), Aníbal Díaz Robles, el subgerente Dante Pinto Otazú y el servidor Julio Páucar Nina. Además, Edy Medina mencionó la participación del actual gerente del ARMA, Zacarías Madariaga, quien a pesar de haber advertido vacíos en las resoluciones no las invalidó y permitió que el proceso continúe.
Por su parte, señaló el presidente del Consejo Regional, “la empresa dice que ha presentado una reconsideración, pero no la ha facilitado. No existe el documento. A pesar de que había un informe del ingeniero Urday, que es especialista en los temas ambientales, que señaló que era categoría III, le dieron categoría I, y la empresa Laguna Azul no presentó ninguna prueba nueva”, añadió.
Son tres categorías, la III consiste en el Estudio de Impacto Ambiental Detallado. La II, Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado y la primera, la que no amerita mayor riesgo, consiste en la Declaración de Impacto Ambiental. “No tomaron en cuenta la intervención del ingeniero Urday”, exclamó Medina.
El presidente del Consejo Regional, Edy Medina, pidió que se invalide la resolución de aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) entregada a la empresa Laguna Azul para la ejecución de la hidroeléctrica y que los cuatro funcionarios que, supuestamente, intervinieron en este “favoritismo” sean investigados por la Contraloría de la República.