Funcionarios del Fondo Mivivienda (FMV) habrían favorecido al postor que obtuvo la buena pro para la ejecución del “Megaproyecto Salaverry–Miraflores-Mariano Melgar”, lo que ocasionó al Estado un perjuicio por 2 millones 405,000 soles, según un informe emitido por la Contraloría General de la Republica.
Según esta investigación, el “Megaproyecto Salaverry” tenía como fin facilitar el acceso a viviendas dignas a la comunidad. Su ejecución, bajo la modalidad del programa Techo Propio, se dio en el marco de un convenio suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y el Ministerio de Defensa, el cual transfirió un terreno de más de 283,000 metros cuadrados para que ahí se ejecuten las obras.
Ya se han detectado a los funcionarios que conformaron el comité especial del FMV, quienes habrían inobservado la normativa de contrataciones vigente al no incorporar en las bases administrativas del concurso público el valor comercial del terreno, sino el valor por el cual fue transferido (S/ 1 el metro cuadrado) por lo que la empresa inmobiliaria adjudicataria, Altozano Desarrollo y Construcción SAC, pagó al Estado 283,842 soles por un terreno cuyo valor comercial determinado ascendió a 2 millones 689,000 soles.
También se advierte que el comité especial no consideró requerir a la empresa Altozano Desarrollo y Construcción SAC el sustento de su experiencia en proyectos inmobiliarios similares, que era lo exigido por las bases del concurso.
Se evidenció que los funcionarios autorizaron al promotor inmobiliario que tras construir el mínimo de viviendas requeridas por el megaproyecto construyan otras bajo las condiciones, diseño y precio que estimen convenientes, contraviniendo la finalidad social establecida en los convenios de cooperación interinstitucional suscritos entre los ministerios.
Los resultados de la auditoría de cumplimiento al FMV, por el periodo del 1 de abril de 2007 al 31 de diciembre de 2014, se remitieron a la Procuraduría Pública de la Contraloría General que presentó en mayo de este año la denuncia ante la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.