La huelga indefinida de trabajadores del Poder Judicial ha detenido el proceso en contra de Juan Manuel Guillén Benavides y sus exfuncionarios en el GRA. El caso Arequipa – La Joya, que investiga un presunto direccionamiento de licitación y perjuicio económico al Gobierno Regional, tiene pendientes un pedido de tutela de derechos y control de plazos que buscan detener la investigación.
El más apremiante de los autos pendientes es el de la tutela de derechos del español Antonio García Villar, cuya resolución quedó en suspenso desde el 16 de noviembre por el inicio de la paralización en el Poder Judicial. El ciudadano ibérico pidió la anulación del peritaje a sus correos electrónicos por no encontrarse presente durante las investigaciones. Los mails contenían los presuntos negociados para el direccionamiento en la buena pro de la primera etapa de la carretera Arequipa – La Joya.
El despacho de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Liquidación y Adecuación informó que no han recibido ninguna notificación respecto al caso. Por lo que esperan que la resolución se aplace en tanto se extienda la medida de fuerza de los administrativos del Poder Judicial. La emisión de la resolución estaba prevista para las 48 horas hábiles posteriores a la audiencia del 16 de noviembre, aunque según indicó este despacho, “los plazos son referenciales”.
CONTROL DE PLAZOS EN SUSPENSO
Otro de los frentes abiertos en la investigación es el pedido de control de plazos sobre la fiscal anticorrupción Karina Barrientos. El pedido realizado por la defensa de Juan Manuel Guillén Benavides busca forzar el cierre de la investigación y quedar libre de las acusaciones.
La audiencia de control de plazos no ha sido programada aún. Paralizada hasta nuevo aviso, también depende del levantamiento de la paralización indefinida de trabajadores del Poder Judicial.