El asunto con Nadine Heredia es bien simple: es una ciudadana que está sometida a una investigación fiscal en la que se pretende fundamentar la siguiente tesis: que es autora del delito de lavado de activos (entre otros). Como bien sabe cualquier estudiante de derecho, la calidad de investigada es distinta a la de procesada. La investigación fiscal podría concluir en que no hay delito (como ha ocurrido decenas de veces con Alan García, por ejemplo, a quien, dicho sea de paso, jamás se le privó de la libertad) y se acabó el asunto. O podría concluir en una acusación formal contra la investigada, pero será el juez, previo traslado del expediente formado en fiscalía, quien dispondrá si existe mérito para procesar a la investigada, o no. Ello dependerá de la adecuada calificación del presunto delito, de la consistencia de la investigación, de sus hallazgos y demostraciones objetivas, y no de declaraciones espectaculares y poco decisivas. Desde luego que a ambas condiciones, investigada y procesada, las protege un principio: el de presunción de inocencia. El fin del proceso penal es, sustancialmente, desvirtuar esta presunción, a través de una sentencia condenatoria. Por ello, en un proceso, a los operadores judiciales les cabe la obligación de demostrar la culpabilidad de una persona; al procesado no le incumbe la exigencia de probar su inocencia (como mucha gente erróneamente entiende). Esto es de manual.
Las medidas coercitivas sobre la libertad de la persona investigada deben estar escrupulosamente fundamentadas. Se basan, sobre todo, en el peligro real (y no en presunciones) de que la conducta del investigado obstruye la investigación, o en la certeza de que existe peligro de fuga (cuando el investigado no tiene domicilio ni trabajo conocido, por ejemplo). La exigencia de fundamentación es severa, pues se trata de la privación de la libertad, que es un derecho fundamental, a quien aún no tiene la calidad de condenado. ¿Estas condiciones se cumplen en el caso de Nadine? Objetivamente, ha asistido a las citaciones, ha brindado sus declaraciones y ahora ha viajado a tomar posesión de un trabajo en una entidad mundial. Decretar lo conveniente será decisión del juez. Hasta acá lo jurídico.
Lo que ocurre en nuestro país es que la prensa (que, salvo excepciones, es un lodazal de presunciones torvas y ligerezas temerarias, casi siempre al servicio de quien ostenta el poder) muchas veces se arroga prerrogativas de fiscal o, peor aún, de juez, pues acusa y condena según venga el viento de la conveniencia política, la chilladera o la timbrada encriptada. Mucha de esa prensa, hoy aupada al fujimorismo cutre y prepotente y a su pequeño pero eficiente contingente de sicarios políticos apristas, tan cómicos denunciando lo que algunos de ellos hicieron tan bien, pretende convertir a la Heredia en la más perversa delincuente que jamás haya existido en el Perú. Tanto, que hasta Montesinos y sus siamés parecerán bebés de pecho. Y esto sin que concluya ni siquiera la investigación a nivel fiscal. Propósito este que estaría motivado por dos cosas: para el fujimorismo, redibujar una memoria histórica a su gusto, en la que sus crímenes y delitos se difuminen y olviden por la preeminencia de otros o porque todos los que lo acusaron son corruptos (lo que ha venido haciendo con eficacia, por lo demás); y para el aprismo ajustar cuentas con la pareja Humala-Heredia, que (acaso lo mejor que hicieron), contribuyó decisivamente a su virtual desaparición. Y claro, envilecer, encanallar, mellar a la izquierda en todo lo que resulte de este ataque de jauría.
La burda presión a la Fiscalía y al Poder Judicial, la exhibición de correos intervenidos como si fuese una práctica legal, la aprobación de mociones bravuconas contra un organismo internacional en el Congreso de mayoría fujimorista (justo cuando se discute el presupuesto del siguiente año y se puede presionar a ciertos organismos para que sean «flexibles»); todo eso calificaría como persecución política. Y serviría perfectamente para lo que, acaso, está buscando finalmente la viajera: el asilo en una condición política conveniente. Curiosa paradoja: toda esta grita de matarifes y politicastros podría acabar convirtiendo en heroína, para su extrema rabia, a quien, en el ejercicio del poder que virtualmente usurpó, fue ambiciosa, arrogante, taimada, desleal y traicionera.