Por: Cruz Silva del Carpio
No hay proceso judicial sin que antes la Fiscalía denuncie. Por eso es tan importante que el Ministerio Público, cuente con las condiciones para su trabajo y que lo dejen trabajar.
Pablo Sánchez, el actual Fiscal de la Nación, académico y magistrado honesto, está en el cargo hasta el 2018 y es heredero de una institución que estuvo encabezada por el destituido Carlos Ramos y José Antonio Peláez Bardales, y más atrás en el tiempo, por Gladys Echaíz. Una institución que más de una vez ha sido señalada por verse laxa con muchos, entre ellos los investigados relacionados con el “partido de la estrella”. Y no es para menos. Basta recordar la pérdida de usbs en el caso Petroaudios para comenzar a dudar y preguntarse si nuestro Ministerio Público podrá asumir debidamente el reto de investigar y lograr importantes capturas en el caso Lavajato.
Ahora, con nueva cabeza, pero con una organización que mantiene a algunos actores de esas otras gestiones, el actual Fiscal de la Nación tiene el reto de hacer lo que este momento el país necesita. Para eso, tiene que potenciar el grupo de fiscales que ha elegido para esa investigación, así como al personal de gestión y administrativo que le dé la absoluta confianza para que nada se escape ni nada se filtre, y para librarse de las malas influencias. Y todo eso, al lado de una Junta de Fiscales Supremos de la que se espera le acompañe en ese fortalecimiento.
El Poder Ejecutivo y el Congreso deben hacer su parte: aprobar el presupuesto necesario para que la Fiscalía se fortalezca. Y sobre todo, dejarla trabajar; más aún, cuando de esas instancias no están dando las garantías de que el caso llegue a buen puerto.
Julia Príncipe, que acaba de nombrar a un Procurador Anticorrupción por concurso público, le pretende quitar -al poco tiempo- el caso Lavajato al anunciar la intención de nombrar a un Procurador Ad Hoc. Retroceso serio ante un primer e importante paso dado. La procuradora debiera seguir la senda marcada por ella misma con ese primer nombramiento: seguir fortaleciendo la independencia de la procuraduría anticorrupción promoviendo, luego del nombramiento de su titular, por ejemplo, mayores recursos y que el procurador Amado Enco tenga la potestad de armar su equipo de trabajo especializado para el caso.
Y del Congreso, las dudas se convierten en certezas. La Comisión formada tiene un vicio de origen: el Presidente ha sido involucrado en las investigaciones, y el período investigado no incluye al de Alberto Fujimori. ¿Independencia? ¿Imparcialidad? Hay principios mínimos esperables incluso en la sede parlamentaria. Por si fuera poco, la Comisión, que no quiere investigar a un condenado ex presidente, exige saber todo lo que la Fiscalía hace y conoce, sin calibrar los inconvenientes que eso significa para el caso; más aún, cuando en el mismo hay grandes y diversos intereses políticos. Esa “fiscalización” del Congreso va encaminada a una presión, y trae al recuerdo que en Brasil, el Parlamento en efecto se ha convertido en la espada de Damocles del sistema de justicia que investiga el caso.
Por eso hay que hilar fino y fuerte. La Fiscalía debe reforzarse (por dentro y por fuera), debe tener claro el derrotero de la mega hipótesis criminal que está investigando (porque hasta ahora no se nota bien cuál es), y debe explicar sin hacer peligrar la investigación (ni ceder a presiones políticas) lo que está haciendo. Esto último, más aún cuando hay cosas que explicar (como por ejemplo, por qué acepta o deniega los pedidos que la procuraduría le hace).
Apoyo, sí, y crítica cuando se deba, también. Y más ahora, cuando el país se está jugando todo en este intento de no dejar impune lo central de la corrupción a la que cayeron todos los gobiernos “democráticos” (salvo el de Paniagua, que fue el de transición).