Rocio Aquice Cáceres, titular del 1er. juzgado de Familia dela Corte Superior de Justicia de Arequipa, dispuso de manera inmediata, medidas urgentes y severas de protección en favor de las hermanitas Anyelin CH.C de 1 año y 11 meses, Jasmin Ch.C de 3 años y de Alejandra Ch.C de 5 años de edad, quienes sufrieron graves maltratos físicos y psicológicos que mantienen a 2 de ellas internadas en el hospital Honorio Delgado Espinoza.
Durante la audiencia de violencia familiar, la magistrada dispuso que las niñas permanezcan albergadas en un Centro de Atención Residencial que disponga la Unidad de Investigación Tutelar y que la Policía Nacional resguarde a las menores internadas en el hospital Honorio Delgado las 24 horas del día; prohibiéndose la visita de terceros a excepción de los padres, quienes podrán hacerlo, sólo en presencia de los custodios del orden.
Prohibió a Diego Chambi Alegre y Flor Cutipa Fernández, padres de las víctimas, así como a la abuela María Fernández Ticona y su conviviente Victor Quispe Mamani agredir física o psicológicamente a las menores; las mismas disposiciones alcanzan a los menores Alex C.F y Jonathan C.F, quienes además serán investigados por actos contra el pudor que habrían cometido contra las menores.
La magistrada dispuso también que los profesionales del hospital Honorio Delgado Espinoza informen las razones por las cuales no se intervino quirúrgicamente a la menor Jasmin Ch.C de 3 años de edad, quien permanece desde enero en este nosocomio en estado vegetativo; disponiéndose que la fiscalía Penal informe si hubo algún acto de negligencia.
En tanto, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Prevención del Delito, deberán constituirse a dicho nosocomio para verificar si existen otros menores en situación de abandono.
Los padres de las víctimas, deberán ser sometidos a evaluación psiquiátrica para determinar si sufren de alguna adicción o enfermedad mental. En tanto, deberán abrir una cuenta bancaria, donde depositarán un monto mensual por cada niña, el cual sólo podrá retirarse con autorización del Ministerio Público.
La Unidad de Investigación Tutelar y el Ministerio Público, deberán realizar las investigación tutelar correspondiente que podría determinar, inclusive, la extinción de la patria potestad.
Fuente: Difusión PJ