Con la presencia de seis congresistas, cuatro de ellos representantes por Arequipa, se desarrolló la audiencia pública descentralizada de la Comisión de Energía y Minas del Congreso.
En la sesión, la comisión dio la oportunidad a pobladores y colectivos para expresar sus preocupaciones respecto a la actividad minera en la región. La mayoría de intervenciones estuvieron referidas a la deuda de 800 millones soles de Cerro Verde con la Sunat, el latente conflicto motivado por el proyecto minero Tía María y la minería informal.
CONFLICTO LATENTE
La comisión informó que miembros de la misma realizaron un monitoreo participativo con pobladores de Tambo, cuyos resultados serán conocidos a más tardar en dos semanas. Al respecto la legisladora Alejandra Aramayo manifestó que en el caso de Tía María se debe priorizar el uso de agua para los pobladores.
En tanto, los parlamentarios Justiniano Apaza y Miguel Román lamentaron la situación de represión que vivieron los pobladores opositores a la minera. Ambos se pronunciaron en contra de la criminalización de las protestas y el encarcelamiento de ciudadanos del valle.
Por otra parte, el abogado y activista Héctor Herrera criticó la contratación de 23 médicos por parte la empresa Southern para realizar campañas de salud en el valle. El defensor consideró una provocación de parte de la empresa, dado que persiste el recuerdo del conflicto vivido en elTambo.
FORMALIZAR INFORMALES
El congresista Horacio Zeballos focalizó su intervención en la importancia de la formalización de los mineros informales. La regularización de estos permitiría percibir más recursos y evitar problemas ambientales. “La minería no es mala, pero si se trabaja conscientemente”, afirmó.
Marco Arana del Frente Amplio criticó la carencia de un catastro de minería artesanal, informal e ilegal. A esta última atribuyó problemas de trata de personas, lavado de dinero y contaminación ambiental.
ELUSIÓN MINERA
Horacio Zeballos también se pronunció sobre el poco impacto positivo de la minería en provincias y poblados pequeños. «Caylloma es un pueblo minero. ¿Qué ha ganado con la minería?», cuestionó.
El parlamentario fue secundado por su colega Marco Arana, quien denunció que el Ministerio de Economía no ha puesto mano dura contra la omisión tributaria de mineras como Cerro Verde, Southern o Buenaventura, debido a que no se cumple con derogar la Ley 30230 que suspende las sanciones contra la elusión.