Protestaron en el Centro Histórico contra la compañía minera. El alcalde del centro poblado de Arcata (provincia de Condesuyos), Rómulo Chipa Huachaca, aseguró este miércoles que la compañía minera Arcata ha dejado pendiente de cumplimiento, varios acuerdos con la población.
“Todos los años deberían capacitar a los trabajadores de la mina. Además, deberían cubrir un determinado número de trabajadores con pobladores del lugar. Y debían estar en planilla. Esto tampoco se ha cumplido”, resaltó.
“También deberíamos ejecutar un proyecto de desarrollo sostenible cada año”, continuó. Rómulo Chipa manifestó que este punto es de vital importancia para los pobladores de la zona, ya que se busca proteger el ambiente. “Sólo se hizo una vez hace algunos años”, refirió.
En el centro poblado viven 180 personas de las cuales 104 trabajan en la minera. Los demás se dedican a la cría de alpacas y la cría de truchas. “Según el convenio, deberíamos tener 250 trabajadores del centro poblado en la mina”, recalcó.
La mina viene realizando trabajos en la zona desde 1958. El alcalde Chipa Huachaca señaló que, por ejemplo, necesitan mejorar sus servicios de educación y salud.
Por su parte, la minera Ares emitió un comunicado en horas de la tarde en el que asegura que viene cumpliendo sus compromisos y que está dispuesta a nuevos apoyos, pero que algunos dirigentes se niegan al diálogo.
Voceros de la empresa afirman que el Convenio Marco de Apoyo Social ha caducado en marzo de 2016 y, de los 46 compromisos adquiridos, han cumplido 44. Los dos puntos pendientes serían tratados hoy mismo en una mesa de diálogo a la que los representantes del Centro Poblado Menor de Arcata (CPMA) no asistieron.
Además señalan que la minera ha continuado brindando su apoyo en 14 puntos del Convenio.
Sobre el compromiso de cubrir el 25% de la planilla con pobladores residentes, se dice que no hay suficientes personas que cumplan los requisitos, pero que actualmente provee trabajo a 304 personas y mantiene su compromiso de capacitar a 40 jóvenes para que se incorporen. No obstante, acusan al alcalde Chipa y su asesor Hernán Atamari, de haber roto el diálogo y solicitarles el pago injustificado de dos millones.
Los pobladores han amenazado con bloquear la carretera principal de la zona si no arriban a un acuerdo satisfactorio.