La defensa del exasesor regional, Miguel Ocharán Pichu, presentó un recurso de excepción de improcedencia de acción por el presunto delito de malversación de fondos, en perjuicio del Gobierno Regional durante la gestión de Juan Manuel Guillén, La imputación se le hace por el retraso y omisión del pago por concepto de canon minero a la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).
Julio Armaza, abogado de Ocharán, argumentó que los depósitos a la UNSA por concepto de canon minero fueron realizados antes del 31 de marzo de cada año, fecha que, según su representante legal, estaría comprendida dentro de la normativa estipulada por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Al respecto, la fiscal Marybel Rodríguez expuso que el plazo referido por Armaza corresponde a un periodo de regularización, mientras que el plazo para ejecución presupuestal solo es hasta el 31 de diciembre de cada año. Por tanto no había posibilidad de realizar las transferencias a la UNSA.
Los periodos referidos comprenden los años entre 2007 y 2010. Extrañamente, la transferencia por canon a la casa agustina en el 2007 superó el 20% estipulado por el MEF. Mientras que entre los años 2008, 2009 y 2010 el importe destinado a la UNSA fue menor al porcentaje antes referido.
Las audiencias referidas al control de acusación por presunta negociación incompatible y malversación de fondos continuarán el próximo viernes 2 de junio a partir de las 14:00 horas. Este proceso comprende también al expresidente y otros funcionarios como el exgerente regional, Jorge Luis Aguilar. Además de la irregular transferencia de fondos a la UNSA, se observa también la firma de 72 contratos de adquisición fuera del marco legal.
En esta etapa de control de acusación, queda por absolver las observaciones de las defensas de Patricia Morais y Manuel Velille, y exponerse los elementos de convicción.