En las últimas semanas las movidas alrededor del proyecto minero Tía María se han intensificado. Por un lado, se filtró la tesis del Ministerio Público para procesar a los principales dirigentes opositores. Por el otro, el presidente de Southern y el de la Confiep, Roque Benavides, apremiaban al Gobierno para dar luz verde a la mina.
Con el proyecto paralizado desde el 2011 y las duras críticas en materia económica a la gestión de Kuczynski, Tía María ha sido considerada por inversionistas como el giro de tuerca que necesita el Gobierno para devolver al país a la senda del crecimiento. No obstante, el conflicto social en Islay ha dado señas de seguir vigente.
ASEDIO FISCAL
Trece dirigentes opositores a Tía María están en la mira de la Fiscalía de Crimen Organizado. Pepe Julio Gutiérrez, Jesús Cornejo, Jaime de la Cruz y Richard Ale se encuentran comprendidos en la investigación por disturbios y entorpecimiento de los servicios públicos. Aunque la investigaci´n se inició por supuesta extorsión, ahora se les acusa de haber organizado la violencia con la que se realizaron las protestas en 2015.
Pepe Julio Gutiérrez.
Según las investigaciones de la fiscal María Alejandra Cárdenas, Gutiérrez y otros dirigentes serían acusados de:
- Bloqueo de vías en puente Pampa Blanca, cruce de Santa María, ingreso a Mollendo y Punta de Bombón. Además, obstaculización de la Panamericana Sur en los sectores de Mejía y Alto Inclán.
- Organizar grupos que provocaron daños al canal de agua de Mollendo, la bocatoma de Santa Ana de Quitir, la estación de Bomberos de Cocachara y viviendas privadas.
Para validar sus acusaciones, la Fiscalía contaría con varios testimonios, entre ellos los de personas que dijeron haber participado de la protesta. La mayoría de las declaraciones incriminarían severamente a Pepe Julio Gutiérrez, en prisión preventiva por más de dos años. Igualmente a Jaime de la Cruz y Jesús Cornejo, considerados cabezas de la protesta.
De concretarse las investigaciones del Ministerio Público, los acusados quedarían aún más limitados de coordinar manifestaciones o medidas de protesta. Opositores al proyecto de Southern denuncian la intención de descabezar el movimiento, antes que otro objetivo.
APURANDO AL PRESIDENTE
Roque Benavides, presidente de la Confiep.
Para el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Roque Benavides, el proyecto Tía María “está maduro”. El Ejecutivo consideró que sería suficiente que el Gobierno ejecute el “reservorio de Paltiture” para que la mina sea factible.
Fuera de la confusión sobre la ubicación de la presa, la intención de la Confiep pasa por dar luz verde a Tía María. En la misma línea se pronunció el presidente de Southern Perú, Óscar González Rocha:
«Ya está toda la ingeniería y estamos listos para empezar la inversión una vez que tengamos los permisos de construcción».
La empresa se encuentra tramitando la licencia de edificación ante el Ejecutivo. Pero lo que no es seguro, es contar con la llamada «licencia social». Si bien no está normada, su ausencia es lo que, en la práctica, ha paralizado el proyecto. La nueva intentona de la minera podría reavivar un conflicto que se mantiene latente.
CONFLICTO LATENTE
Desde la oposición a la minera, la reacción no se hizo esperar. La presidenta de la Junta de Usuarios de La Ensenada – Punta de Bombón, Marilú Marroquín, anunció nuevas medidas de lucha.
El jueves último los pobladores marcharon por los distritos de Deán Valdivia y Mollendo. Una semana antes, los vecinos de Tambo protestaron contra Tía María y una posible reactivación impulsada por el gobierno de PPK.
«Son negociaciones con el Gobierno que no vamos a aceptar, la población ya dijo no al proyecto y están intentando sacarlo de cualquier forma».
Asimismo, anunciaron que conversarán para acordar un posible paro en los próximos días.
HERIDAS ABIERTAS
Momento en que el infame Filosofexxx siembra el ‘miguelito’ a Antonio Coasaca.
Uno de los casos emblemáticos del conflicto en el valle fue el de Antonio Coasaca. El agricultor fue víctima de siembra de un objeto punzocortante por un efectivo policial, lo que quedó registrado en video. Las imágenes despertaron la indignación entre la población de Islay y gran parte del país.
Pese a lo explícito de las imágenes, Coasaca y otros cuatro tambeños fueron procesados por entorpecimiento de los servicios públicos, violencia y resistencia a la autoridad. Después de dos años de calvario judicial, fueron absueltos el viernes 18 de agosto por el juez Penal Unipersonal de Islay, Elber Campano. En las audiencias se habrían encontrado inconsistencias en las declaraciones de los policías que intervinieron a los agricultores.
Por otro lado, el asesinato del policía Henry Vásquez Durand, en Mollendo, quedó sin resolverse. El efectivo fue apedreado por un grupo de protestantes el 6 de mayo del 2015 y falleció tres días después. El caso quedó irresuelto luego que el fiscal, Eufracio Ticona, archivara la investigación por sobreseimiento.
En su argumentación, el representante del Ministerio Público reconoció no haber encontrado pruebas suficientes para denunciar a los tres investigados.
Lo cierto es que la cuenta regresiva para un tercer intento del inicio del proyecto, ha iniciado. Y con ella, el reinicio del conflicto en el emblemático Valle de Tambo.