¿Cómo se garantizaron los beneficios obtenidos por Odebrecht y las empresas del caso Lava Jato en obras como Interoceánica, Metro de Lima o Gaseoducto Sur Peruano? A través de las normas y decretos emitidos por Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. De eso se trata capturar el Estado.
“El Perú es una ‘República empresarial’ debido a que en los últimos 25 años, a partir de 1990, hemos conformado una república que básicamente está influida de manera permanente, gobierno a gobierno, por un grupo social privilegiado, como son los empresarios”, señala el sociólogo.
Agrega que un factor facilitador ha sido la conversión del Ejecutivo en la “verdadera entidad legislativa”. En su investigación, ha encontrado que “cada gobierno empieza pidiendo al Congreso facultades extraordinarias”; esto ha permitido “a las élites de poder conectarse con el Ejecutivo y lograr legislar”.
Para el sociólogo “mientras más grande es una empresa o más diversificada, mayor su nivel de acceso e influencia”. Sostiene que hoy existe un “bloque de grandes grupos de poder económico limeño que, son los principales y que opera con transnacionales de distintos países” que utiliza mecanismos como el financiamiento de campañas, el lobby y la puerta giratoria “donde se logra que determinados funcionarios sean nombrados en ciertos cargos a partir de influencias privadas”.
“El apoyo del poder mediático refuerza el uso de estos mecanismos de captura, un claro ejemplo de la captura del Estado y de la impunidad está en la emisión del denominado Paquetazo Ambiental, la Ley 30230, que exoneró del pago de multas por infracciones ambientales al sector extractivo”, remarca Francisco Durand.
Tomado de El Gran Angular