La llegada del contralor Nelson Shack a Arequipa fue el inicio del jaque al Viaducto Salaverry. En una inspección de Contraloría, el megaproyecto de la Municipalidad Provincial fue puesto en la mira del Sistema Nacional de Control. Pero no era el único escollo que debió afrontar el proyecto. El desenlace: la licitación fue anulada, pero el MPA persiste en su intención de ejecutarlo. Veamos las razones de la oposición.
Maqueta del ingreso a lo que sería el Viaducto Salaverry
Por disposición expresa de Shack, un grupo de especialistas de Lima llegaron a apoyar a la Contraloría Regional de Arequipa en una auditoria de cumplimiento al proyecto. La acción se inició el primer día hábil de noviembre y concluirá por estos días.
Esta auditoría de cumplimiento es una evaluación orientada a comprobar si un proceso cumple con todas las disposiciones y requisitos estipulados por ley. “Hemos tomado conocimiento que, a pesar de las observaciones, sugerencias y riesgos que ha encontrado la Contraloría Regional de Arequipa, este proceso continúa su curso”, dijo en ese momento el contralor.
¿Qué es lo que preocupaba a Nelson Shack? Concretamente, el convenio interinstitucional que suscribió la Municipalidad Provincial con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El acuerdo, según lo revisado por Contraloría, no se ajustaba a las exigencias del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
Conforme exige la Ley N° 30356, “Que fortalece la transparencia y el control en los convenios de administración de recursos con organizaciones internacionales”, el pacto entre el municipio y la OIM requería de un informe “favorable y vinculante” del Ministerio de Economía y Finanzas.
El acuerdo carecía del referido documento. La ausencia del informe del MEF al que se hizo alusión, puede constatarse en el portal SEACE. «De comprobarse la irregularidad, todo lo actuado en el convenio entre MPA y OIM podría venirse abajo y truncarse el proyecto», se concluyó.
“QUIEREN HACERNOS DAÑO”
Alfredo Zegarra ve enemigos entre los opositores
Los cuestionamientos realizados por el contralor Shack no fueron los primeros que se hicieron al convenio interinstitucional. El 2 de octubre, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) emitió el Dictamen N° 1558-2017/DGR/SPRI, observando el acuerdo entre el Provincial y la OIM.
El texto objetaba el argumento esgrimido en el Acuerdo de Concejo Municipal N° 068-2017-MPA, que aprobó el cuestionado acuerdo: “resultaría ventajoso desde el punto de vista de comparación de tiempo con los procedimientos llevados bajo el alcance de la normativa de contratación pública”. Este motivo no está comprendido como justificante de una contratación internacional en la Ley de Contrataciones del Estado.
Según consignó el OSCE en su informe, un convenio como el referido solo puede suscribirse “de manera excepcional, tratándose de contrataciones altamente especializadas o muy complejas”. Condición que la comuna no consignó en el acuerdo que dio luz verde al pacto con la OIM.
Consultado sobre la observación, el gerente municipal, Mario Alatrista, puso paños fríos a la objeción, tomando una postura distinta a la que ofreció el alcalde Zegarra cuando anunció el acuerdo, el 28 de abril. «No hemos hecho este tipo de obras en Arequipa. Creo que por transparencia y por complejidad, lo mejor que ha podido hacerse es esto. Nadie conoce a estas corporaciones, nadie conoce a estas empresas consultoras, para que pueda especularse como que hubo un arreglo. Yo lo veo limpio», concluyó el funcionario.
A pesar de los señalado por el alcalde, respecto a una campaña en su contra, las observaciones de Contraloría y OSCE no fueron las únicas contra el proyecto. Los colegios profesionales de Arquitectos, Ingenieros y la Dirección Desconcentrada de Cultura también tenían una postura crítica sobre el viaducto.
SIN LUZ AL FINAL DEL TÚNEL
El primer gremio en manifestarse de oficio sobre el viaducto fue el Colegio de Ingenieros (CIP). Desde julio, presentaron cuatro observaciones generales que fueron desarrollando en lo sucesivo. Los cuatro ejes SE agrupan alrededor de 50 alertas al proyecto. Las más preocupantes son las relacionadas al trazado de la vía subterránea.
Ovalo de Vallecito. Vecinos dicen que sería destruido, pero la MPA afirma que no.
Tal como se consigna en el documento que emitió, se advierte peligro en un tramo que presenta curva y contracurva, en la salida aledaña a El Palomar. Para el CIP, se trataría de una solución forzada que responde al problema de expropiación de viviendas en el sector que, al parecer, se quiso evitar. A ello se suma el ancho del tramo bajo tierra, que también fue criticado por los arquitectos.
Respecto al ancho de la vía, el Colegio de Arquitectos criticó lo angosto de cada carril. Según detalló el decano, Félix Solís Llapa, la vía debería tener una sección de alrededor de 4.5 metros. Esto permitiría operar, en caso de averías de vehículos, al interior del viaducto. El municipio replicó que estudiaron casuística similar en otros países, que avala el uso de un solo carril de ida y otro de venida.
Otro punto objetado fue la desembocadura de los vehículos a la altura de El Palomar. El flujo de vehículos que salga del viaducto y quiera empalmar hacia la avenida Venezuela, tendría que dar una vuelta en U, antes de tomar la vía rápida. Esa situación provocaría congestión vehicular en la zona de giro.
Respecto a las observaciones de los Ingenieros, el gerente de Desarrollo Urbano, Alexander Madariaga, respondió que fueron subsanadas. El Colegio de Ingenieros, por su parte, no se ha llegado a pronunciar al respecto, hasta ahora.
El Ministerio de Cultura, por su parte, detectó que uno de los inconvenientes es el congestionamiento que puede ocasionar la obra dentro del Centro Histórico. “Estamos pidiendo cambios o mejor distribución para evitar la sobrecarga de vehículos”, declaró a un diario local el titular regional, Franz Grupp.
Además, señaló que la instalación de estructuras en los paraderos podría afectar la armonía arquitectónica de la ciudad. Por estas razones, no dieron autorización para la obra. El municipio dijo, a través del gerente, que esas observaciones también habían sido levantadas. Lo real es que el permiso de Cultura nunca fue otorgado.
Por su parte, el Colegio de Arquitectos, que estuvo pidiendo el expediente durante tres meses, estudió detalladamente el proyecto para pronunciarse. Finalmente, emitieron numerosas observaciones al diseño, en un pronunciamiento oficial que instaba al municipio a no ejecutar la obra.
Finalmente, está el hecho que la obra no tiene un Estudio de Impacto Ambiental aprobado. Algo que puede significarle más de un dolor de cabeza en el futuro. La Declaración de Impacto Ambiental que aprobaron en el mismo municipio, ha sido objeto de observación por parte de la Fiscalía Ambiental. Allí postulan la posibilidad de que se haya cometido el delito de usurpación de funciones, puesto que ésta no era competencia del MPA.
A pesar de ello y de los cuestionamientos de la Contraloría y OSCE, la OIM escogió al ganador de la buena pro. Fue elegido el Consorcio Vial Viaducto Socabaya. Está formado por la empresa española Promoción Balzola Sucursal Perú, y la peruana Corporación Mayo SAC. La adjudicación solo se ve retrasada por papeleo menor, al igual que la firma del contrato. Salvo que el alcalde Zegarra y sus funcionarios opten por una reflexiva cautela, la obra iniciaría los primeros días de diciembre.
EL VIADUCTO O EL CONVENIO
Si algo quedó claro en la intervención del contralor Shack, es que no se objetaba la decisión del Provincial de construir un viaducto. Lo que Contraloría observó, específicamente, fue el proceso de licitación y la forma de llevarlo a cabo.
“El Sistema de Control Gubernamental nunca va a discutir la decisión original. Si una autoridad decide hacer algo, por ejemplo un viaducto, no va a discutir si es bueno o malo, o conviene o no hacerlo. Eso no es competencia del Sistema de Control. Pero una vez que la autoridad decide hacer el viaducto o decide hacer esa intervención pública, en el uso de sus facultades legales y discrecionales, el Sistema de Control tiene la responsabilidad de asegurar, o tratar de asegurar, que esa decisión se lleve a cabo, pero no de cualquier manera”, recalcó.
La aclaración del contralor no fue suficiente para continuar con esa licitación. A pesar de la prisa que el próximo calendario electoral le impone, Alfredo Zegarra debió anular la licitación. Ha culpado a la OIM del incumplimiento de normas. Pero no ha desistido de la obra.
Aunque en un primer momento anunció que la nueva licitación se lanzaría de inmediato, no ha podido hacerse. Ahora se dice que será lanzada en enero, pero no se ha aclarado cómo se subsanará la infinidad de observaciones.
En la carrera que está por emprender en busca del sillón del Gobierno Regional, le convendría menos apuro, que la prisa se tropieza con sus propios pies.
Los vecinos de Vallecito VS el Viaducto Salaverry
Organizados para la resistencia, unos 10 mil habitantes de la zona que serían afectados por las obras, han decidido dar la batalla al proyecto municipal.
Acusan improvisación y falta de seriedad en el lanzamiento del proyecto. Primero, porque no se sabe de dónde salió el viaducto como parte del SIT, cuando no estaba en el diseño inicial ni en los planes urbanos de la ciudad; y segundo, porque la licitación con la OIM y la ejecución de los fondos ya obtenidos, no fueron transparentes.
“La solución a los problemas de conectividad vial, congestión y caos vehicular y polución no puede basarse en la generación de más congestión y más caos vehicular, más polución así como la depredación de nuestro patrimonio cultural y de nuestro medio ambiente”, señalan.
Entre sus argumentos incluyen también la preocupación por la supuesta afectación a la zona monumental en uno de cuyos extremos estaría incluida esta obra. En particular, señalan la intervención de la cuenca urbana del río Chili, que es parte del área protegida por UNESCO, como un elemento del paisaje que conforma el Patrimonio Cultural de la Humanidad. El proyecto no está contemplado, ni en el Plan del Centro Histórico, ni en el PDM aprobado por la propia municipalidad.
De otra parte, se preguntan sobre el costo del proyecto, considerando que el año 2013 todas las obras del SIT habían sido estimadas en 110 millones. El viaducto, que no estaba considerado, tiene un presupuesto similar a todas las demás obras. El municipio ya ha recibido una asignación para este proyecto de varios millones, y no se sabe en qué se está utilizando.
Respecto a la afirmación del municipio que la obra se construirá sin afectar las actividades comerciales y sociales de la zona, replican: “o sea, se perforará una fosa de 14 metros de profundidad (como un edifico de 5 pisos) por 8 metros de ancho, se trasladará desmonte y se ingresará materiales a la zona; y universidades, iglesias, centros comerciales, hoteles, etc. seguirán funcionando sin ningún problema. Eso no es posible”. Ellos se preparan para un nueva batalla, a partir de enero.