En estos días en que se oye por todas partes el indignado reclamo ¡que se vayan todos!, cuando la amenaza fantasma se cierne y vuelven algunos políticos de los años 90, me he puesto a pensar en esa utópica posibilidad y me he preguntado ¿qué haríamos? Porque, después de la experiencia del gobierno de los tecnócratas de lujo, queda claro que otros políticos son necesarios para conducir la nave de nuestro Estado que tiene un millón de empleados públicos. Algunos de los buenos políticos ya se han muerto y otros, por distintas circunstancias están fuera de la política. Y he pensado en que uno que debiera volver es Ernesto Gamarra Olivares.
La historia de Gamarra como político es triste porque acabó mal. A los jóvenes hay que decirles que fue un diputado elegido en 1980 por Acción Popular, como parte de un grupo que Caretasbautizó como “los chapulines”, que se compró el pleito del retorno a la democracia, de la lucha contra la corrupción y de la defensa de los derechos humanos. Por ello renunció al partido de Belaúnde y fue reelegido en las filas del Frente Independiente Moralizador en el 85 y luego fue parte del breve Parlamento 90-92. Los observadores ubicaban a Gamarra en el quinto superior de un Congreso varias veces mejor al actual. Fue de los pocos liberales que coincidía con Izquierda Unida en la defensa de los derechos humanos en esos años negros del primer mandato de AGP. Volvió al Congreso en el 95 y fue junto con Javier Diez Canseco, Pease, Mohme, Estrada, Olivera, Jorge Del Castillo, uno de los protagonistas de la oposición al fujimorismo que había copado toda la institucionalidad estatal y más allá, más o menos como ha hecho el chavismo en Venezuela. Valgan verdades, frente al estridentismo de Olivera (que degeneraría en lo que conocimos cuando hizo cogobierno con Toledo), Gamarra, con su talante mesurado y responsable y por su lucidez política, era el interlocutor del FIM que los otros actores preferían.
En el 2000 fue reelegido diputado. Estuvo en la Marcha de los 4 Suyos y en la conferencia de prensa que presentó el video de la compra del diputado Kouri por Montesinos, el rayo que partió por la mitad a la dictadura. En el derrumbe del fujimorismo (que ningún analista, por asomo, previó) la Nación empezó recién a tomar conciencia de los niveles de corrupción a los que había llegado el régimen. Montesinos, que había grabado para chantajear, no imaginó que sus videos servirían para condenar a todo un régimen y convencer a los incrédulos. Habían desfilado por sus oficinas militares, empresarios, jueces, fiscales, periodistas, parlamentarios, en una compraventa de conciencias increíble y al cash. El verano del 2001 estuvo marcado por la revelación cotidiana de un nuevo video, una nueva transcripción, al que el fujimorismo trató de hacer frente en las redes sociales, políticas y comunicativas (todavía no existía el Facebook) banalizándola con la falacia “todos tienen su videíto”.
En medio de ese clima, el 22 de enero del 2001 estalló la bomba: el número 2 del FIM, Ernesto Gamarra, “Polo” para sus amigos, también tenía el suyo. Como se comprenderá, hubo consternación en las filas democráticas, mientras los medios que aún controlaba el fujimorismo (y que lo hace hasta hoy) azuzaban por el castigo del que tacharon de hipócrita y le endilgaron los peores calificativos. El video que llevaba la anotación “Entrevista Polo Gamarra y amigo Lucho, 22 de setiembre de 1998”, mostraba al coronel Huamán Ascurra del SIN, mano derecha de Montesinos en esos menesteres, preparando un escenario en una oficina y dando instrucciones a Luis –hermano del traficante de armas y socio del asesor, Víctor Alberto Venero – y luego su encuentro con Gamarra a quien los presenta el ex diputado de Acción Popular Manuel Tafur. El meollo del asunto es que Venero le entrega 3 mil dólares a Gamarra para apoyar la campaña electoral de su esposa, la actriz Pilar Brescia, quien, a la sazón, postulaba a la alcaldía de Miraflores. Todo en medio de una conversación entrecortada y que apenas se entiende, sobre venta de ropa usada que afectaba el negocio de Venero y sobre una investigación periodística del programa televisivo de Cecilia Valenzuela sobre venta de armas. Más o menos se sobreentiende del diálogo que Venero le pide a Gamarra interceder ante Valenzuela, como si Gamarra fuera su editor o director.
Eso fue suficiente para que Valenzuela, quien en esa época era antifujimorista, reclamara sangre, por lo que consideró un pacto secreto para desviar su investigación. Nadie alzó la voz para señalar que se trataba de una trampa y que había recibido el dinero de buena fe, sin conocer su origen; menos para defender su inocencia. Fernando Olivera y los luchadores contra la corrupción miraron para otro lado. Inmediatamente se formó una comisión investigadora en el Congreso, presidida por Henry Pease, que concluyó por recomendar el levantamiento del fuero parlamentario para que fuera enjuiciado, pese a la defensa que ejerció el ya finado Augusto Zúñiga Paz[1]. En una guerra relámpago mediática azuzada por el fujimorismo, en medio de un clima turbulento, los nuevos Robespierre lo condenaron de antemano y cobraron su víctima política, sin dejar de aprovechar la oportunidad para enrostrar y amenazar a toda la oposición democrática con sacar a luz los videos de todos sus líderes.
¿Qué habría sido de Gamarra si salía bien librado del juicio político de sus pares? Seguramente, en el siguiente lustro, durante el cogobierno del FIM con Toledo, habría dirigido un ministerio y su desempeño hubiera sido muy superior al de sus colegas. Más bien, tuvo que soportar a tres “magistrados” de la era fujimorista que lo condenaron a seis años de prisión efectiva en enero del 2003, que luego rebajaron a cinco, cuando el Congreso informó que no había hecho ningún trámite que pudiera ser calificado del tráfico de influencias del que se le acusó. Uno era Jovino Cabanillas destituido por el CNM en abril del 2009, acusado de acoso sexual a las trabajadoras de la Corte Superior[2]. El otro era José María Balcázar, destituido por el CNM en octubre del 2011 por falta de idoneidad[3]. Y el tercero fue Eduardo Palacios Villar[4], quien fue detenido in fraganti cuando cobró una coima a un policía. Fue destituido en octubre del 2006. Gamarra cumplió su condena en el 2005, pero sus problemas no terminaron. En enero del 2013 fue rematada su casa de playa en 44,182, cuando fue cotizada en 66,000 dólares, para pagar lo que restaba de la reparación civil, impuesta en su condena. Los corruptos han tenido mejor suerte.
En una entrevista que le hicieron en 2016, Gamarra evoca a tres parlamentarios, “grandes políticos” Javier Diez Canseco, Carlos Malpica y Héctor Cornejo Chávez. No es casual que se refiriera “con especial cariño y respeto” a su maestro Cornejo Chávez. Como él, debió hacer la solitaria y agobiante travesía del desierto del ostracismo, esa condena a la muerte en vida, esa injusticia que algunos grandes han debido padecer. Pero ha sabido superarla con la dignidad, la entereza y la fortaleza del alma que tienen los limpios de corazón. Hace algunos días Ernesto Gamarra participó con su esposa y sus hijos en la marcha contra el indulto a Fujimori, mostrando nuevamente su consecuencia democrática. Hago votos para que los demócratas auténticos, los políticos decentes de hoy, le den una segunda oportunidad sobre la tierra.
[1] Defensor de los derechos humanos que años antes había recibido una carta-bomba del SIN, a raíz de lo cual perdió mano y antebrazo.