Finalmente concluyó la etapa de declaraciones en el proceso contra el expresidente regional Juan Manuel Guillén y siete exfuncionarios del GRA. La titular del Juzgado Unipersonal de Paucarpata, Rosmery Quiroz, dijo que el fallo será leído este miércoles, a las 8:30 horas. De este modo se pondrá fin al caso de supuesta corrupción que tiene en la mira a una alta autoridad regional.
Audiencia demoró más de ocho horas
El exgerente general, Jorge Luis Aguilar, exhombre fuerte de Guillén, fue el último de los pocos que declaró en juicio. Con un papelógrafo y un plumón trató de explicar su sistema de contrataciones directas que puso en marcha durante dos años (2012-2014). Dijo desafiante que los 74 contratos que firmó permitieron agilizar las obras y de esta manera “obtener un proyecto y un resultado”.
Además, calificó como un “acto de valentía” que los funcionarios del GRA firmaran estos acuerdos dejando de lado el temor a futuras sanciones administrativas. Así, los contratos se hicieron por designación directa, sin procesos de licitación, ni cartas fianza por parte de los proveedores.
Sus palabras llegaron a causar impresión en la también acusada Sarah Peña. Ella soltó unas lágrimas, al escucharle decir que la obra del Puente Chilina se ejecutó sin existir ni un solo día de retraso. Empero, desistió de declarar, al igual que Juan Manuel Guillén, y el resto de imputados que estuvieron presentes en la sala.
Al término de su declaración, se dio inicio a la argumentación de alegatos finales del fiscal Manuel Aquino y los abogados defensores. De este modo se cerraría el juicio que duró cerca de tres meses.
Exgerente gerenal Jorge Luis Aguilar hizo exposición con papelógrafo
Pedidos de prisión y absolución
La Fiscalía ha pedido prisión para todos los involucrados en este proceso. Cabe mencionar que la acusación está integrada por dos hechos. La primera es la firma de 74 contratos directos que hizo el GRA, con diferentes proveedores, el cual configuraría delito de negociación incompatible. El segundo hecho es la omisión en la entrega de canon minero a la Universidad Nacional San Agustín produciéndose el delito de malversación de fondos.
En el presunto delito de negociación incompatible el fiscal hizo este ofrecimiento:
- Juan Manuel Guillén Benavides, 3 años y 4 meses de prisión e inhabilitación por mismo periodo.
- Jorge Luis Aguilar Gallegos, 5 años y 4 meses de prisión e inhabilitación.
- Sarah Peña Dávila, 5 años de prisión e inhabilitación.
- José Velille Torres, 5 años de prisión e inhabilitación.
- Rossana Morays Velasquez, 5 años e inhabilitación.
Por el delito de malversación de fondos el fiscal planteó estas penas.
- Miguel Ocharán Pichu, 3 años de cárcel e inhabilitación por el mismo periodo
- Eliana Vargas Paz, 3 años e inhabilitación
- Víctor Quispe Rodríguez, 3 años e inhabilitación
- Juan Manuel Guillén, 4 meses de prisión
Ante esta solicitud, los abogados defensores y el propio Jorge Luis Aguilar, quien hizo su autodefensa, pidieron la absolución. En el caso de Aguilar, su argumento fue que la Fiscalía no ha podido demostrar que hubo favorecimiento a proveedores. Argumentó que «su sistema» fue eficaz. Mientras que el resto de abogados sustentaron, en su mayoría, la falta de pruebas que demuestren vinculación con el delito.
Piden que reparación civil sea individualizada
La Procuraduría anticorrupción planteó que la reparación civil en el presunto delito de negociación incompatible sea individualizada. En este caso, de ser sentenciados, cada uno debería responder por el número de contratos que llegó a firmar. El monto de la indemnización solicitada por la procuraduría es de 50 millones.