Han pasado tres años y no ha ocurrido nada. Jacinto Rosas,presidente de la comisión investigadora del caso kits escolares, aseguró que la Contraloría y la Fiscalía no ha hecho nada para sancionar a los responsables.
Manifestó que el informe final lo presentó a estas entidades a mediados del 2015. Sin embargo, hasta hoy, la Contraloría y la Fiscalía no se han pronunciado.
El consejero señaló que, durante la investigación que, se determinó que 10 funcionarios del Gobierno Regional estaban involucrados en el caso. Entre ellos, la exjefa del área de Logística Vilma Pimentel Cabañas, el jefe de Gestión Social y Cultural Olger Gómez Carbajal y el encargado de Almacén Carlos Zúñiga Condori.
A inicios del 2015 la organización Samaritan Purse donó al Gobierno Regional 5 mil cajas especiales con útiles de estudio y aseo. “En algunas, incluso, había dólares”, dijo. Eran donativos de niños de otros países para los niños en pobreza extrema de la región. En total, se calcula que el monto de estos kits escolares alcanzaría los 50 mil soles.
Jacinto Rosas recordó que la irregularidad consistió en que el Gobierno Regional hizo pasar este donativo como un programa social del GRA. Y se simuló una compra para repartir estos útiles a los estudiantes de las zonas alejadas.
LA DENUNCIA
Por otro lado, el consejero señaló que, de los 5 mil kits escolares, sólo se repartieron 2 mil. “Faltan 3 mil actas firmadas por los directores de los centros educativos que deberían haberlo hecho para constatar la entrega”, contó.
Señaló que el Comité de Damas del Gobierno Regional participó en la distribución de estos kits en las zonas alejadas. Entre ellas estaba la madre de la gobernadora Yamila Osorio.
“Invitamos a declarar dos veces a la mamá de la gobernadora (Maribel Delgado) y no vino. A la tercera vez le enviamos un cuestionario para que responda nuestras dudas, pero tampoco lo hizo”, apuntó.
Entre las irregularidades que encontró la comisión, destaca que los kits escolares no estuvieron en los depósitos del GRA. Tampoco fueron cuantificados y registrados. Es decir, las donaciones nunca entraron de forma legal al Gobierno Regional. Estuvieron, dijo, en un local en Paucarpata.