Las irregularidades en el Proyecto Especial Majes Siguas II serían investigadas por el Congreso de la República. El congresista Justiniano Apaza presentó una moción para la conformación de una comisión investigadora multipartidaria. Su finalidad sería investigar el proceso de concesión y actos administrativos del proyecto.
Las indagaciones comprenderían la entrega del proyecto a Proinversión, así como las acciones implementadas en sucesivas gestiones en el Gobierno Regional, desde el 2013.
El parlamentario consideró que la entrega del proyecto a Proinversión, a través de actos poco transparentes, permitió el diseño de un esquema que beneficia a la concesionaria. También apuntó al modelo de adjudicación de las tierras, que terminaría beneficiando a grandes inversionistas en detrimento de pequeños agricultores.
El congresista apuntó a las ampliaciones de presupuesto. Señaló, por ejemplo, que el costo del proyecto estimado en 404 millones de dólares en sus inicios, pasó hasta los 550 millones de dólares. Es decir, se incrementó en 36%.
También acusó irregularidades en el diseño del contrato. Dijo que está orientado a que el concesionario pueda hacer modificaciones y elevar el costo del proyecto para su beneficio. Sin embargo, para ello se habría contado con la anuencia de las autoridades del Gobierno Regional. Apaza realizó duras críticas a los criterios del consorcio para solicitar el incremento de costos:
Congresista Justiniano Apaza, presentó la moción.
“Quiere decir que COSAPI – Cobra recién descubre que confrontamos un proceso de cambio climático y proponen un nuevo estudio de la II Fase y, por tanto, incrementar el costo del proyecto, consecuentemente, el valor de las tierras y el agua. La propuesta del concesionario es grosera, incrementar el costo del proyecto en 344 millones de dólares, es decir, 63%, con lo que el proyecto sería inviable definitivamente. La conducta del concesionario es avezada: paraliza el proyecto hasta que no acepten su propuesta”
PARALIZACIÓN DE OBRAS
Otro punto cuestionado por el legislador fue la reciente paralización de obras. Atribuyó esta a una intimidación del concesionario al GRA, para que acepte la paralización de las obras hasta fines de abril. Enfatizó que los reajustes se darán en tramos en sucesivas adendas.
En consecuencia, explicó que se justifica la intervención del Congreso a través de una Comisión Investigadora Multipartidaria:
“Lo que buscamos es determinar los procedimientos para formular el esquema de concesión y la estructura financiera encargada a proinversión y avalada en las sucesivas gestiones del GRA. Esto permitirá determinar cómo es que el concesionario no consideró el cambio climático para formular su propuesta técnica. Ahora, con esta omisión, justifican un desmesurado incremento en el costo del proyecto”.
Asimismo, Apaza Ordóñez informó que dicha comisión también comprenderá una investigación y evaluación de la gestión de Autodema.