Antes de que el juez decidiera cerrar el juicio oral contra el alcalde de Alto Selva Alegre, Omar Candia, la Fiscalía aportó dos pruebas más. Se trata de un acta fiscal y la copia de un contrato que demostrarían que cometió delito de colusión. Así concluyó el fiscal a cargo, Rubén Nuñez, durante la audiencia de juicio oral de este último miércoles.
Pero la fiscalía no ha sido la única en ensayar sorpresas en esta etapa final del juicio. El abogado de Candia adjuntó también documentos para liberarlo de la acusación. Se trata de un presunto direccionamiento en la adquisición de 40 cámaras de seguridad. El Juzgado Unipersonal de la Corte no mostró oposición y aceptó debatir estos elementos antes de pasar a los alegatos.
La Fiscalía ha solicitado 10 años de prisión para el burgomaestre y sus funcionarios Daniel Gómez, Juan Lipe Lizárraga y Reynaldo Díaz Chilo. También están involucrados los representantes del consorcio José Luis Ríos Sánchez y el consultor Sandro Martínez Sardón.
¿Qué dicen estas pruebas?
El acta fiscal de julio de 2015 advierte deficiencias en las cámaras de vigilancia. Entonces, la fiscal de prevención del delito, Melina Lizárraga, llegó hasta el distrito para verificar el funcionamiento de las cámaras. Sin embargo, constató que 27 de los 40 equipos no funcionaban, pese a que habían sido comprados tres años atrás.
La siguiente prueba está relacionada al servicio de mantenimiento de cámaras que contrató el municipio. La comuna tuvo que desembolsar poco más de medio millón de soles para este trabajo. De acuerdo a la fiscalía, este documento pondría en evidencia que las cámaras no estaban operativas.
En cuanto a las pruebas de la defensa, se hizo entrega de la resolución de Gerencia Municipal que da por liquidada la obra. Según el abogado de Candia, la compra de las cámaras demandó una inversión de 2 millones 508 mil 89 soles. Así, la obra quedó completamente saneada.
Todos estos nuevos elementos serán debatidos en la siguiente audiencia del viernes 4 de abril, señaló el juzgado.