En cuatro días, Gino Valdivia Sorrentino, pasó de juez de investigación de Mariano Melgar a reo del penal de Socabaya. El magistrado cumplirá ahora 9 meses de prisión preventiva, mientras se le investiga por pedir una presunta coima. La disposición alcanza también a la abogada Lily Huanqui.
Así lo dispuso esta mañana el Poder Judicial a pedido de la fiscal superior Rosario Lozada Sotomayor, quien sustentó el requerimiento acusatorio. La decisión se conoció pasado el mediodía, después de llevarse a cabo la audiencia de forma reservada.
Inicialmente, el Ministerio Público solicitó 18 meses de detención para ambos imputados ante la gran cantidad de pruebas recabadas. Una de esas pruebas son los mil 388 audios recabados durante casi un mes en que duró la interceptación telefónica al magistrado.
Se cree que Valdivia Sorrentino estaría involucrado en otros hechos irregulares consignadas en estas grabaciones. Muy aparte del caso de Angélica Cahuana, cuyos familiares reunieron 4 mil soles para dárselos al juez a cambio de revocar el mandato de prisión preventiva. Ella cumplía esta medida restrictiva por intentar envenenar a su menor hija.
No obstante, el juez Orlando Abril indicó que el plazo otorgado era más que suficiente. La razón es que los dos imputados reconocieron los cargos.
Plantean una pena de hasta 10 años
Asimismo, la fiscal Rosario Lozada anticipó que la pena para el magistrado podría ser entre 8 a 10 años de cárcel. Mientras que la abogada recibiría entre 5 y 6 años de prisión.
Según la tesis fiscal, el juez pedía el dinero mediante la abogada, quien era nexo con la familia de la detenida. Empero, la defensa del juez lo ha refutado. Manifiesta que la abogada ofreció el dinero a su patrocinado. Además, durante la detención del pasado jueves, era la abogada quien tenía en su poder 3 mil soles de adelanto.
En medio de la audiencia, la defensa de Lily Huanqui solicitó la libertad bajo restricciones. Este pedido lo hacía porque tenía un hijo menor a su cargo y una pareja enferma. Sin embargo, la solicitud fue rechazada por la relevancia del caso.
De otro lado, el Poder Judicial ha ordenado al INPE que disponga resguardo policial al magistrado . Según dijo su defensa, su vida correría peligro. En tanto, la Odecma notificó la suspensión en el cargo, mientras continúa abierto el proceso disciplinario.
Por último, tanto la fiscal Rosario Lozada como los abogados decidieron apelar el fallo.