Al cierre de esta edición, el Congreso es objeto de una de las más grandes olas de rechazo ciudadano que la historia política reciente ha registrado.
No son pocas las razones que, si las listamos, excederían varias veces el espacio de esta columna, pero no podemos dejar de mencionar algunas de las más vergonzosas. Primero: el comportamiento sectario, agresivo, prepotente y prosaico, del presidente de este poder del estado, Luis Galarreta. Sus insultos y patanería, dirán algunos, representan fielmente al resto de su bancada.
Aunque sin ningún mérito propio, la forma en que Kenji Fujimori fue retirado del hemiciclo, exhibiendo con impudicia la lucha fratricida entre los herederos del expresidente Alberto, nos restriega por la cara los niveles hasta donde el fujimorismo está dispuesto a llegar, pisoteando la pobre institucionalidad, nunca recompuesta desde su destrucción en los años 90.
Ya no mencionemos el abrumador número de congresistas que no recuerda dónde estudió, no pueden mencionar los nombres de sus compañeros, tienen certificados falsos o aconsejan no leer para evitar el Alzheimer; eso pasa a segundo plano, cuando observamos el blindaje que brinda la bancada mayoritaria a un alto funcionario del Congreso, contratado por ellos mismos, que insulta a diestra y siniestra desde su cuenta oficial en redes, bajo la protección de la Junta Directiva. ¿Cuánto más se puede descender?
Las marchas que se han registrado en Lima pidiendo el cierre del Congreso, emocionan pero no ayudan a la democracia, menos aún si estamos ad portas de una campaña electoral que, para las regiones, es de primera importancia, más aún que la elección presidencial o congresal. La justificada indignación ciudadana de algunos sectores y la falta de respuesta de un gobierno feble que, para muchos, es solo un títere de la mayoría parlamentaria, no hacen sino debilitar más el régimen de democracia representativa que amenaza estallar.
Una medida que tiene detractores y adeptos, la llamada Ley Mulder, fue aprobada en el Congreso con evidentes fines revanchistas y con la finalidad última de acallar las críticas. La prohibición a los organismos del estado, de invertir en publicidad en los medios de comunicación privados, puede ser un efectivo freno a la obscena inclinación de las líneas editoriales que se ha visto y se ve, en los grandes medios limeños, a cambio de contratos millonarios, muchas veces injustificados. Por otro lado, los medios “de provincia” cuyos anunciantes son, casi exclusivamente, los gobiernos regionales, municipios y otros entes estatales, por la centralización del mercado publicitario privado, ¿cómo subsistirán? ¿Qué no es problema de nadie más que de sus dueños? Error. ¿Qué todos los medios son “mermeleros”? Doble error. Uno de los fundamentos de la democracia es la prensa independiente y, en el país, a pesar de todo, hay miles de periodistas abnegados que, a pesar de los malos sueldos en la industria, han hecho de su oficio un apostolado. ¿No han sido, acaso suficientes, las decenas de destapes periodísticos que están en primera línea en la lucha contra la corrupción, los que están contribuyendo a recomponer un aparato estatal atravesado por la corrupción de la clase política? ¿Puede la Contraloría o el Poder Judicial exhibir ese récord?
La generalización y el insulto gratuito, no conducen a nada. El equilibrio, en este caso, debería pasar por una regulación para la distribución equitativa y proporcional de los fondos estatales. Y luego la fiscalización ciudadana, siempre ausente, tanto sobre los medios y su profesionalismo, como sobre los funcionarios estatales que elegimos alegremente, para lamentarnos después, como está ocurriendo con la representación parlamentaria. Porque, a ver, ¿quién los eligió? (lea aquí el gesto típico de Gareca apuntando sus sienes).