Se saltaron con garrocha todo el sistema de contrataciones del Estado. No una, ni dos, fueron 73 veces que los funcionarios del GRA, encabezados por Juan Manuel Guillén, fracturaron las normas de adquisiciones, contratando a dedo por 73 millones de soles. Además, durante 5 años, se quedaron con parte del canon minero correspondiente a la UNSA. Pese a que todos los acusados aceptaron los hechos, una jueza de Arequipa absolvió a los ocho imputados.
El hoy famoso fiscal Hamilton Castro, a cargo del no menos famoso caso Lava Jato, inició las investigaciones contra Guillén y sus funcionarios. Mientras era fiscal supraprovincial, especializado en delitos de corrupción, dirigió varias de las investigaciones de los llamados casos emblemáticos.
Entre las numerosas investigaciones que comprometen a la ex autoridad regional y a sus funcionarios, destacan los contratos directos, los estudios para la vía Arequipa-La Joya; y las expropiaciones y costo final del Puente Chilina. En junio de 2015, Castro vino a Arequipa para dirigir el operativo en el que se detuvo a Miguel Ocharán Pichu, considerado el asesor más cercano a Guillén, por el caso Arequipa-La Joya. Además, logró que un juez decrete prisión domiciliaria para Juan Manuel Guillén y su otro cercano asesor, Delford Sarmiento. Pero luego que los casos fueron transferidos a las nuevas fiscalías especializadas anticorrupción, todo comenzó a desarmarse.
LA ACUSACIÓN
Por el otorgamiento de 73 contratos directos Guillén y ocho funcionarios fueron acusados del presunto delito de Negociación Incompatible, proceso que hoy está en fase de apelación. Se pidió para Juan Manuel Guillén, 3 años y 4 meses de pena privativa de la libertad. Para el “ideólogo” de este sistema de contrataciones, el exgerente general del GRA, Jorge Luis Aguilar, la fiscalía solicitó 5 años y 4 meses de prisión. Mientras para Sarah Peña Dávila, Rossana Morays Velásquez y Juan José Velille Torres, quienes en su condición de altos funcionarios firmaron los contratos, se pidió 5 años de pena privativa.
Fiscal Manuel Santos Aquino Flores, habría hecho una débil acusación, según la jueza que absolvió a los implicados.
Los mencionados contratos fueron suscritos entre 2012 y 2014, durante la loca carrera por entregar obras antes que Guillén dejara la presidencia del GRA. Todos excedían el valor de 3 UITs y según la norma debían pasar por un proceso de selección; sin embargo, contrataron a dedo con proveedores que no contaban con los requisitos que exige el Registro Nacional de Proveedores. Además, desplegaron “un interés indebido en la fase de ejecución de los contratos ya que no exigieron la carta de garantía de fiel cumplimiento de la prestación cuando correspondía exigirla, asimismo suscribieron adendas ampliando los plazos y el objeto de los contratos cuando en realidad debería haberse aplicado penalidades a los proveedores”, según manifiesta la acusación fiscal. No hubo informe legal, ni publicidad en las contrataciones. Menos aún estudio de mercado y pluralidad de postores y /o marcas, como señala la ley. Tampoco tuvieron certificación de disponibilidad presupuestal antes de ser suscritos y en casi todos hubo problemas durante la ejecución. Aguilar acepta todas las imputaciones y se escuda en que usó como instrumento jurídico, en lugar de todas esas exigencias de la Ley de Contrataciones, “el valor de la palabra dada”.
Sarah Peña, entonces jefa del Área Funcional no Estructurada de Apoyo y Coordinación de los Proyectos Especiales Estratégicos, dependencia creada exclusivamente para encargarse de las grandes obras, suscribió 36 contratos directos destinados a las obras complementarias del Puente Chilina. La fiscalía le imputa “haber actuado en provecho particular de los terceros proveedores”. Rossana Patricia Morays Velásquez, en su calidad de Jefe de la Oficina Regional de Administración suscribió 15 contratos directos y Juan José Velille Torres, que la sucedió en el cargo, suscribió 10 contratos directos.
LOS PROVEEDORES
Aunque son alrededor de 70 proveedores, los casos más significativos se resumen en 10, que se listan en el cuadro más abajo. Del total de contratantes en aquel periodo “feliz”, 21 ni siquiera tenían inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP). Uno de ellos fue Iguana Producciones, que firmó un contrato por más de 8 millones de soles (2 millones y medio de dólares) para implementar el Museo Virtual Mario Vargas Llosa. Conocidas las atenciones que Guillén decidió prodigar al Nobel, entre ellas decidió encargar el museo al primo hermano del escritor, el cineasta Luis Llosa Urquidi, quien probablemente creyó que Arequipa era Hollywood. Sus servicios, sin embargo, no tuvieron esa magnificencia, dado que los entregó con retraso y no al 100%. Algunos de los hologramas que colocó sobre su célebre pariente dejaron de funcionar al poco tiempo y el mismo trabajo fue cotizado por otras empresas –que no poseían el apellido Llosa- en 80 veces menos el valor.
Otros 66 contratantes no dieron garantía alguna del cumplimiento de sus obligaciones, específicamente, la carta fianza que se exige para montos considerables. Uno de ellos es el que se firmó, a instancias de Aguilar, con la empresa Fraysinet Tierra Armada, por más de 10 millones de soles. El objeto era construir, en la obra Variante de Uchumayo, un muro de 26 mil metros cuadrados, para aislar las propiedades inmuebles. El costo del metro cuadrado fue estimado por la empresa en 400 soles (redondeado), nada menos, trabajo que nunca concluyó. En el proceso quedó establecido que se iniciaron las obras sin expediente técnico, hubo considerables retrasos y no se les aplicó ninguna sanción; el contrato no especificaba ni la cantidad de muros ni las características. Tan es así que luego se decidió cambiar el concreto armado por un material nuevo “de última tecnología”. Cuando era evidente que no se terminaría la obra, Aguilar se opuso a resolver el contrato, señalando que mejor era “dejar stock de material” a la nueva gestión.
Un tercer caso llamativo es el de Pacífico Distribuciones, empresa que pertenece a la familia de la exvicepresidenta de la República, de la época de Alan García, Lourdes Mendoza del Solar. Favorecida con una cantidad inusual, 991 mil 946 soles, para suministrar insumos eléctricos, la empresa no pudo cumplir con su compromiso a tiempo, cambió las especificaciones de lo solicitado y no presentó cartas fianzas ni otra garantía. No fue sancionada y cobró a tiempo.
PERJUICIO A LA UNSA
En este mismo proceso, se acusa a Juan Manuel Guillén, y sus funcionarios Miguel Ocharán, Víctor Hugo Quispe y Eliana Vargas Paz, del delito de Malversación de Fondos, pues entre 2007 y 2011, dejaron de transferir a la Universidad Nacional de San Agustín, un total de 34 millones 882 mil soles de lo que le correspondía por Canon Minero. Luego, entre el 2012 y el 2014, cuando ya no era función del GRA transferir esos recursos sino del MEF directamente, decidieron “pagar esa deuda”, afectando su presupuesto en esa cantidad (34 millones), restando recursos para los proyectos del GRA, entre ellos, el de Majes Siguas II y varias vías.
Curiosamente, los 3 son funcionarios de la UNSA (Ocharán, Quispe y Vargas) desde que Guillén fue rector. Luego los llevo al GRA y hoy han vuelto a laborar en la entidad universitaria, que fue perjudicada con sus decisiones como altos funcionarios. Varios proyectos universitarios no pudieron concluirse, aunque a los rectores de entonces, Rolando Cornejo Cuervo y Valdemar Medina, no pareció preocuparles porque nunca reclamaron a Guillén los faltantes. Los acusados aceptaron los hechos, pero no su responsabilidad.
Tras ser absuelto por prescripción, el entonces Jefe de la Oficina Regional de Planeamiento Presupuesto y Ordenamiento territorial, Víctor Hugo Quispe Rodríguez, se desempeña ahora como Jefe de la Oficina de Presupuesto de la UNSA. Mientras que Eliana Vargas Paz, que labora como adjunta de Quispe, fue absuelta porque, según la sentencia, “la fiscalía no logró probar de qué manera afectó a la UNSA la no transferencia de los recursos” que le pertenecían.
En el caso de Guillén, fue absuelto porque la jueza consideró que la fiscalía “no ha especificado la relación funcionarial entre el acusado y la aplicación indebida de los recursos del canon”. Es decir, que el responsable de la ejecución presupuestal del Gobierno Regional, no habría tenido conocimiento o don de mando sobre sus funcionarios, quienes habrían tomado decisiones autónomas.
LA DEFENSA DE GUILLÉN
En su declaración, en resumen, el expresidente señala que él no participó en el esquema de contrataciones, ni en la omisión de la transferencia de recursos a su Alma Mater, la UNSA.
No obstante, siempre ha defendido a Aguilar y su “original” visión de la ley. Acepta que de alguna manera ya había aplicado la idea, durante su gestión a cargo de la Oficina de Planificación de la Universidad San Agustín (1984-1989) «… con la finalidad de satisfacer las expectativas sociales, en el cumplimiento de nuestras funciones, es que -insisto- en mi subjetividad, no fue tan difícil recibir la idea que se estaba gestando en la Gerencia General”, dijo.
Por su parte, la jueza Ross Mary Quiroz argumenta: “el representante del Ministerio Público realiza una imputación simultanea por omisión y por acción, lo cual no se condice con las reglas de la lógica, toda vez que por un lado se le imputada haber dispuesto que se realicen las contrataciones directas (acción) y por otro lado se le imputa que en su calidad de Presidente Regional del Gobierno Regional de Arequipa permitió la realización del sistema de contrataciones directas, ya que debió declaró su nulidad pero no lo hizo” (SIC).
Adicionalmente, a la hora de absolverlo señala que no se ha probado la “relación funcionarial” con las contrataciones, ni el interés indebido, ni el provecho de terceros.
DEFENSA DE AGUILAR
La defensa del exgerente, ejercida por él mismo, es retórica y grandilocuente. De difícil comprensión, sin embargo, no niega ninguno de los hechos que imputa la fiscalía. Por el contrario, dice sentirse orgulloso de haber creado un “sistema” que no priorice el cumplimiento de normas absurdas, sino el fin social de las obras que el GRA intentaba entregar a Arequipa.
Exgerente Jorge Luis Aguilar (Foto, agencias)
Curiosamente, ninguna de las obras para las que se utilizó su sistema fue entregada a la región para solucionar problemas. El puente Chilina y la variante de Uchumayo, están inconclusos y no solucionaron la transitabilidad, sino todo lo contrario.
“Por supuesto que diseñe ese sistema contractual, la fiscalía me califica de legislador, califica esos contratos como parte de un sistema, pero nunca, nunca han demostrado que yo haya transado algún contrato a partir de un interés a del algún proveedor (…) yo lo diseñé para la ciudadanía, pasé al igual que ustedes por la universidad y me enseñaron el tridimencionalismo del derecho y lo leí con pasión, y esa es mi postura ideológica, soy un tridimencionalista, el derecho se conforma por conductas, los hechos, la norma y valores … yo sigo esperando el día que se me interrogue, me gustaría que sea en la Plaza de Armas, para que se me escuche, porque esta ciudad es democrática, (…) la norma no es la Reyna en la administración pública, sino dejaría de ser administración pública y seria administración de justicia”, declaró histriónicamente.
EPILOGO
Tras absolver a todos, ante la impasividad del fiscal, la jueza Ross Mary Quiroz impuso solo el pago de una reparación civil de 73 mil soles, a razón de mil soles por cada contrato firmado, de manera solidaria. Es decir, mil soles por cada millón de soles gastados indebidamente por el gobierno regional.
Jueza Ross Mary Quiroz emitió sentencia absolutoria para todos. «No se ha probado interés indebido», señaló.
El abogado defensor, Gonzalo Bellido, ex procurador anticorrupción en el gobierno de Alejandro Toledo y bajo la jefatura de Fernando Olivera, ha pronosticado que el caso Arequipa La Joya, correrá la misma suerte que este proceso. Impunidad.
(MCC)