«Después de 18 años de haber sido testigos de uno de los mayores escándalos de corrupción que tuvo como protagonista la «salita del SIN», nuevamente nuestro país se ve envuelto en una seria crisis por hechos de corrupción en el ámbito de la administración de justicia».
Así inició el presidente la simbólica «toma de astas» de la mayoría opositora en el Congreso. En su Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, abordó la crisis política que vive el país, tras la revelación de los llamados #CNMAudios, grabaciones de conversaciones entre autoridades judiciales, que han puesto en entredicho a todo el sistema de administración de justicia en el país. En su primer mensaje como presidente en ejercicio, tras la renuncia -precedida de otro escándalo de corrupción- del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra demostró que la oposición política y un sector de analistas, lo habían venido subestimando.
CONTRA LA CORRUPCIÓN
Dedicó a este aspecto, más de la mitad de su mensaje, algo previsible por el escándalo de los audios que involucra a altos magistrados y figuras de todos los ámbitos. Anunció que se ha puesto en marcha el “Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021”, a través de la Secretaría de Integridad Pública.
El Modelo de Integridad Pública para prevenir la corrupción, se está implementando en 8 entidades del Poder Ejecutivo. Además de reactivar los espacios regionales anticorrupción a través del fortalecimiento de 14 Comisiones Regionales Anticorrupción.
Asimismo, se ha establecido la obligatoriedad, para los funcionarios públicos que manejan recursos, de presentar una Declaración Jurada de Interés. Y se ha dado especial énfasis a la transparencia, como herramienta fundamental para combatir la corrupción.
«Quiero decirles que estoy con todos aquellos que se manifiestan por la justicia, por la democracia», dijo en alusión a las marchas de protesta registradas días atrás.
También anunció la creación de la Autoridad Nacional de Integridad
y Control en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, un proyecto de ley para eliminar la intervención del Ministerio Público en todos los procesos contencioso-administrativos, con el fin de agilizarlos.
Además, un proyecto que busca elevar los niveles de transparencia en el ámbito del Sistema de Justicia y otro para incentivar la probidad en el ejercicio de la abogacía.
Finalmente, presentó un proyecto de Ley que crea el Consejo para la Reforma del
Sistema de Justicia, que será presidido por él.
REFERENDUM
Para agilizar la reforma inmediata del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en cuyo seno explotó el escándalo de los audios, Vizcarra planteó una consulta a la población, vía referendum, con lo que le arrebató al Congreso, sospechosamente aletargado, el monopolio de las decisiones en este tema. Sobretodo en cuanto a la forma en que serán designados, de hoy en adelante, sus miembros.
«La prisión preventiva del Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, la suspensión de un cuestionado juez supremo, la remoción de todos los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, los impedimentos de salida del país de altos funcionarios del sistema de justicia, la renuncia presentada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, los audios difundidos del nuevo Fiscal de la Nación, constituyen ejemplos de la crisis que estamos atravesando y de la necesidad y urgencia de un cambio», señaló.
Pero además, planteó incluir en el referendum, tres cuestiones que atañen a la reforma política y constitucional, que la representación congresal no ha querido abordar a la fecha: la reelección de congresistas, el financiamiento de partidos y campañas electorales y el retorno a la bicameralidad.
Aún cuando no llegue a efectuarse, ya que una ley del propio Congreso debe autorizarlo, es una manera de obligar a la mayoría parlamentaria a tratar el tema y tomar decisiones. Los analistas coinciden en la audacia de la propuesta, pero no todos coinciden en la eficacia de sus resultados, considerando la naturaleza de la oposición congresal con mayoría.
DESCENTRALIZACIÓN
«Hoy reafirmo que esa es la única forma de dar respuesta a las necesidades, demandas y aspiraciones de la población. No podemos construir un país integrado y sostenible, si no resolvemos los problemas estructurales de postergación, exclusión, falta de oportunidades, sobre todo, para los pueblos del interior», dijo sobre esta materia.
Informó que a través de los GOREs y MUNI Ejecutivos se ha transferido, en lo que va del año, 10,000 millones de soles a los gobiernos regionales y locales, para dinamizar la gestión de inversiones. Se han desarrollado 9 MUNIs Ejecutivo, en Puno, Ucayali, Cajamarca, Huánuco, Tacna, San Martin, Piura, Arequipa y Ancash, generando reuniones con 87 alcaldes provinciales, es decir, casi la mitad de los burgomaestres provinciales de todo el país.
«Antes, un alcalde destinaba un promedio de 168 días (46% del año) para hacer gestiones en Lima en busca de financiamiento. El burgomaestre de la localidad de Otoca, provincia de Lucanas, Ayacucho, tuvo que realizar 30 visitas a la capital para obtener financiamiento en el Programa Mejorando Nuestro Barrio», ejemplificó.
«Estamos acabando con estos periplos, que a veces se convierten en súplicas y otras veces en espacios para la corrupción».
El anuncio más importante, sin embargo, fue que el Presupuesto para los gobiernos regionales y locales que históricamente es inferior al 30%, pasará al 40% en el 2019.
Y luego, el Plan Integral Multianual de Infraestructura a nivel regional y Programas Integrales de Mantenimiento de Infraestructura a nivel provincial.