De realizarse un referéndum, importantes cambios en nuestra Constitución serán decididos por el mismo electorado que, en los últimos años, ha llevado al poder al corrupto que “roba pero hace obra”. El gran riesgo que esto implica no significa que la propuesta lanzada por el presidente Martín Vizcarra, en su mensaje de Fiestas Patrias, no sea positiva, pues era la única manera de presionar al Congreso para que tome decisiones que llevan años encarpetadas, sobre la agenda política nacional.
En ese sentido, lo que debería llevarse a referéndum no es la reelección de los congresistas sino la posibilidad de su revocatoria, en similar proceso al que son sometidas las autoridades locales. Aunque coincido en que existe la necesidad de una clase política con experiencia en los poderes del Estado, no podemos olvidar que nuestra democracia es precaria y nuestros sistemas de control francamente risibles, lo que –como ya sabemos hasta el hartazgo-, facilita el accionar de la corrupción sin distingos de antigüedad, ni de otro tipo. Por esta razón, lo que debe evitarse es que los congresistas corruptos solo puedan ser sancionados por el mismo Congreso, y permitir que la ciudadanía tenga injerencia en su remoción a través de una revocatoria.
Son muchas las opiniones que han surgido y surgirán, a partir de la propuesta de Vizcarra, algunas mejores que otras; lamentablemente, aún tenemos un Congreso –elegido a fuerza de “tappers”-, que tiene toda la potestad para convertir un referéndum en un mamarracho.